La investigación sobre supuestas amenazas y extorsiones a beneficiarios de planes sociales por parte de dirigentes piqueteros se centra ahora en rastrear el destino del dinero obtenido a través de estas prácticas ilícitas. El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello buscan determinar cómo se canalizaban los fondos recaudados, que iban desde un porcentaje de los pagos del programa Potenciar Trabajo hasta la venta de bolsones de comida destinados a comedores comunitarios.
El expediente señala que una porción significativa del dinero habría sido desviada a través de una cooperativa de trabajo llamada "El Resplandor Limitada", presidida por María "Tango" Dotti, una referente del Polo Obrero. En un allanamiento realizado el pasado lunes, se encontraron USD 54.000 en su domicilio. Según el dictamen del fiscal Pollicita, se investiga si las cuentas bancarias de esta cooperativa recibieron parte del dinero ilícito obtenido mediante extorsiones.
Dotti estuvo al frente de la cooperativa desde 2010 hasta julio de 2022 y actualmente sigue vinculada como representante ante la AFIP y apoderada ante el Ministerio de Capital Humano y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
La Justicia también examina la posible implicación de otros dos dirigentes del Polo Obrero: Jeremías Cantero y Elizabeth Carmen Palma. Se sospecha que, junto con Dotti, organizaban y dirigían las extorsiones y amenazas a beneficiarios del Potenciar Trabajo, quienes eran forzados a asistir a marchas y ceder un porcentaje de sus beneficios sociales.
El esquema de recaudación descrito por la investigación incluye distintos niveles jerárquicos: referentes que controlaban la recaudación, delegados que cobraban las cuotas y amenazaban a los beneficiarios, y otros miembros que realizaban tareas de reclutamiento y extorsión. Los beneficiarios que no cumplían con las órdenes eran castigados.
En una conversación telefónica interceptada el 27 de marzo de 2024, Palma expresó su preocupación a Cantero sobre una posible investigación por lavado de dinero en relación a las cooperativas que recibían los fondos. Ambos mencionaron la necesidad de elaborar un plan para gestionar estos fondos.
Durante los allanamientos, se encontraron archivos digitales detallando la cantidad de beneficiarios del Potenciar Trabajo inscriptos en el Polo Obrero y el monto de dinero recaudado de cada uno. Según la Justicia, estos documentos podrían demostrar que las extorsiones no eran acciones aisladas, sino parte de un plan organizado, y que el monto desviado podría alcanzar los 60 millones de pesos.
La Justicia continúa trabajando para rastrear el destino final del dinero y determinar la responsabilidad de los dirigentes involucrados en estas maniobras ilícitas.
