Diputados nacionales de diversos bloques de la oposición presentaron formalmente un pedido de sesión especial para el próximo martes 23 de junio de 2026 a las 14 horas, con el objetivo de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, e impulsar una histórica moción de censura destinada a su remoción del cargo. La convocatoria parlamentaria se activó de urgencia tras el estallido del último escándalo que envuelve al funcionario, quien admitió de forma pública en una entrevista televisiva haber ocultado medio millón de dólares al fisco bajo el argumento de que su familia ahorraba "en negro, como todos los argentinos". Desde el bloque de Unión por la Patria, que lidera la iniciativa junto a otras bancadas, señalaron en sus canales oficiales que el ministro coordinador le mintió en la cara a toda la ciudadanía y exigieron la aplicación inmediata del artículo 101 de la Constitución Nacional.
El frente legislativo que encabeza la embestida contra Adorni exhibe una heterogeneidad que enciende las luces de alarma en la Casa Rosada, sumando las firmas del Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y un sector mayoritario del interbloque Provincias Unidas. El pedido de sesión sumó además los respaldos individuales de las diputadas monobloquistas Natalia de la Sota y Marcela Pagano, evidenciando el nivel de transversalidad que alcanzó el repudio a la conducta del funcionario. En la vereda opuesta, un conglomerado dialoguista integrado por el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Innovación Federal, el MID, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, junto a la línea interna de Karina Banfi, optó por no suscribir la convocatoria para evitar una profundización del conflicto directo con el Poder Ejecutivo.
La presión política contra el jefe de Gabinete no proviene únicamente de los sectores opositores combativos, sino que comenzó a germinar dentro de la propia estructura de la Libertad Avanza y de sus aliados naturales. El anuncio inicial de Adorni sobre su intención de postergar sus explicaciones ante el Poder Legislativo hasta el mes de julio fue rechazado de plano por el PRO, espacio que exigió mediante un duro comunicado oficial que las respuestas se brinden este mismo mes. En idéntico sentido se pronunció la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien solicitó formalmente y por vía fehaciente que el jefe de Gabinete asista de inmediato a la Cámara de Senadores en junio, exponiendo una severa interna de gestión que deja al funcionario coordinando sin red de contención política.
El escenario para el ministro coordinador se tornó insostenible tras los cortocircuitos discursivos que dinamitaron su estrategia de defensa pública frente a la causa penal por presunto enriquecimiento ilícito que instruyen el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Para justificar el incremento de sus activos, Adorni alegó haber obtenido ganancias por 300.000 dólares a partir de una inversión inicial de 200.000 dólares en bitcoines realizada entre los años 2014 y 2018. Sin embargo, la aparición de archivos audiovisuales de archivo donde el propio Adorni desaconsejaba enfáticamente el uso de criptoactivos debido a su extrema volatilidad desarmó su coartada, ganándose incluso el repudio de la jefa de la bancada de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, quien catalogó el hecho como una omisión ética grave.
Finalmente, el derrotero judicial del jefe de Gabinete en los tribunales de Comodoro Py podría agravarse de forma inminente, dado que las autoridades de la Justicia Federal evalúan ampliar los términos de su imputación hacia los delitos de omisión maliciosa y falsificación de documentos públicos. La causa penal acumula denuncias cruzadas por la adquisición no declarada de múltiples propiedades inmuebles, refacciones edilicias de carácter millonario y la realización de polémicos viajes oficiales y privados, incluyendo traslados de su grupo familiar en jet privado hacia Punta del Este y el uso del avión presidencial para un viaje con su esposa a Nueva York. El próximo 23 de junio se perfila como un día bisagra para la gobernabilidad, donde el Congreso pondrá a prueba la resistencia de la coalición gobernante.





