En la semana continuaron en la Dirección Provincial del Trabajo las audiencias entre concesionarios del servicio de transporte público de pasajeros y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en busca del acuerdo para la sostenibilidad de las empresas, que presentaron el procedimiento preventivo de crisis, la figura legal que se utiliza para cesantías y descuentos de haberes.
En el tire y afloje constante que se da en cualquier negociación, el punto de partida fue un escenario expuesto por los empresarios en el que señalan que el principal costo fijo que tienen es el salarial, que cada vez es mayor en la totalidad de sus ingresos y que se transita el peor de los escenarios: caída en la demanda por la crisis y el aumento del pasaje y subsidios del Estado que no alcanzan a cubrir el equilibrio en las cuentas.
En este panorama, recurrieron al árbitro laboral y plantearon que para seguir en pie debían ejecutarse suspensiones de personal y pago de haberes de 50% para los suspendidos por el período de seis meses, además de congelar los salarios a la escala firmada en enero, que establece un piso de sueldo de $1.200.000 para los choferes.
La UTA, naturalmente, no aceptó que se apliquen suspensiones y pidió que contadores de ambas partes analicen las cifras de la crisis para buscar una salida en la que todos ganen. Así las cosas la propuesta, que ha sido el eje de las negociaciones, se basa en que los trabajadores perciban parte de sus haberes como una "suma no remunerativa".
Este mecanismo es visto como una salida temporal para las empresas, que argumentan que la falta de actualización de los subsidios, más que viajan menos pasajeros, ha generado un desfasaje financiero insostenible.
La principal diferencia que deberá resolverse en la reunión del lunes es el plazo de aplicación de esta medida.
Mientras los empresarios quieren que sea un semestre con la posibilidad de prorrogarlo, la UTA quiere que el tiempo sea más corto. La decisión de los trabajadores, que se discutirá a lo largo de los próximos días, será crucial para determinar si se logra un consenso.
Lo cierto es que la próxima audiencia para las dos uniones de empresas que presentaron el preventivo de crisis (TCM y la que conforman ERSA Urbano y Microbus Saavedra) es el lunes 11, oportunidad en la que si hay acuerdo directamente sea presentado a la Dirección de Trabajo solo para su homologación y cerrar así el capítulo que tiene en vilo a unos 500 puestos de trabajo.
Pero, como en el transporte la tensión es constante, choferes señalaron que existe un incumplimiento de los plazos para abonar el haber de julio. Esperaban que este jueves se cancele, de lo contrario evaluarán convocar medidas de fuerza.