Uso de celulares en prisión: advierten sobre la proliferación de secuestros virtuales y robos domiciliarios

La doctora Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro, alertó sobre los peligros del uso descontrolado de teléfonos móviles en los penales, especialmente en el sistema bonaerense.
27 de abril 2026, 18:21hs

Según la magistrada, la falta de control ha transformado estos espacios en centros operativos para bandas criminales que operan con total impunidad. "Las cárceles bonaerenses se convirtieron en una universidad y en una pyme del delito", afirmó de forma categórica al describir cómo se coordinan ilícitos desde las celdas.

Durante su intervención, Arroyo Salgado detalló que desde las prisiones se planifican desde estafas digitales hasta delitos de extrema gravedad como homicidios por encargo y secuestros virtuales. La jueza subrayó que, en un mundo donde gran parte de la vida es digital, los delincuentes encuentran en el celular una herramienta letal. "Encontramos maniobras de planificación y ejecución de narcotráfico, robos domiciliarios y distribución de pornografía infantil", señaló sobre las investigaciones en curso.

Mientras que el Ministerio de Seguridad de la Nación comenzó a implementar inhibidores de señal en cárceles federales a fines de abril, la provincia de Buenos Aires mantiene una situación que la jueza considera irregular. Explicó que, aunque la Ley Petri de 2017 prohíbe estas comunicaciones, en territorio bonaerense se habilitaron por la pandemia y nunca se retiraron. "Se terminó la pandemia y el uso de celulares irrestricto continuó; hoy es una cuestión de hecho que no tiene respaldo legal", denunció la magistrada.

Ante la falta de respuestas del ministro de Justicia provincial, Juan Martín Mena, a quien le envió un oficio sin obtener resultados, la jueza propuso un cambio estructural en el mando del Servicio Penitenciario Bonaerense. Sugirió que, al igual que en el ámbito nacional, el sistema de cárceles debería depender de la cartera de Seguridad para garantizar la prevención de delitos. "Frente a la ineficiencia o desinterés del ministro Mena, el gobernador debería disponer que el servicio pase al ministro de Seguridad", planteó como solución inmediata.

Finalmente, Arroyo Salgado impulsa una reforma profunda al Código Penal para adaptar la ley a la era digital, proponiendo que la condena incluya el bloqueo del acceso al ciberespacio. La magistrada busca que el aislamiento de un criminal sea total para proteger a la ciudadanía. "La pena privativa de la libertad no solo debe abarcar la libertad física, sino también lo que es la libertad virtual", concluyó respecto a la necesidad de sustraer a los delincuentes peligrosos de las plataformas digitales.

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