La dueña de la fiambrería "El Bocadito" ( Av. Lavalle al 1200), Patricia Hruza, se comunicó Radio Facundo Quiroga para desmentir la información, que circulaba por redes sociales, donde la acusaban de haber atendido su negocio durante 2 semanas estando enferma y con síntomas del COVID-19, pero que recién el martes 23 de marzo se había ido a tomarse la muestra para saber si tenía cononavirus o no, lo cual sembró pánico y repudio por parte de los vecinos.
"Me da pena y bronca que existan personas que se prestan a esto en una situación tan vulnerable como la que estamos pasando todos", expresó. Además, la dueña de la fiambrería comentó que se asesoró sobre cómo actuar ante esta situación y decidió realizar la denuncia correspondiente. "Me acerqué a la policía y les comenté sobre mi caso", manifestó y agregó: "El oficial me dijo que esto era grave, algo penal".
En ese sentido, en su art. 211, el Código Penal Argentino determina que "será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos. Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años".