Son algunos de los cambios que serán introducidos al régimen migratorio, además de endurecer las condiciones para el ingreso al país y los motivos de expulsión de los inmigrantes.
Se cree que de este modo se avanzará “hacia un país ordenado”, y por ello impulsarán la reforma. El anuncio fue del vocero presidencial, Manuel Adorni.
Así, las universidades nacionales podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes, algo que también destacó como fuente de financiamiento para las casas de altos estudios.
También se terminará la gratuidad de la atención médica para extranjeros, aunque serán los organismos nacionales, provinciales o municipales los que tendrán competencia para determinar las condiciones de acceso, como mejor consideren.
En el mismo orden, incorporarán “más delitos” como causas para impedir el ingreso o que sean justificativo para expulsar a un inmigrante del país. Lo mismo para quienes intenten ingresar con documentación apócrifa o a quien se le sospeche que el motivo para su ingreso es otro y no el declarado. Habrá además una pena de prisión en caso de que el extranjero viole la prohibición de reingreso al país.