El gobierno nacional estableció un régimen de trabajo obligatorio, inspirado en un modelo implementado en El Salvador. Según la Resolución 1346/2024, publicada en el Boletín Oficial, los internos deberán realizar tareas de limpieza y mantenimiento durante cinco horas diarias, sin recibir compensación económica. La medida afecta a unos 12.000 reclusos en los 31 penales del país.
El objetivo, según las autoridades, es erradicar el ocio y fomentar hábitos de orden y disciplina como parte de la reinserción social. Aquellos que se nieguen a participar podrían enfrentar sanciones, incluyendo la pérdida de beneficios por buen comportamiento. El programa amplía iniciativas previas y busca reestructurar la dinámica interna de las cárceles, promoviendo un ambiente más controlado y productivo.
Si bien las tareas no son consideradas trabajo en sentido tradicional, las autoridades señalan que su cumplimiento es obligatorio y fundamental para el tratamiento penitenciario. La disposición incluye tanto áreas comunes como privadas, abarcando celdas, patios y zonas de visita, con el propósito de inculcar responsabilidad y mejorar las condiciones de convivencia dentro de los penales.
