El Senado de la Nación volverá a sesionar este jueves a partir de las 11:00 en lo que se perfila como una jornada parlamentaria de alta intensidad política. La Libertad Avanza logró destrabar las negociaciones y sellar un acuerdo con los bloques de la oposición dialoguista para convalidar un temario de fuerte impacto económico y social. Entre las iniciativas centrales que se someterán a debate en el recinto sobresalen el megaproyecto sobre propiedad privada, el cual desregula el mercado inmobiliario rural y habitacional, y la autorización legal para avanzar con un millonario pago a fondos buitres, impulsada por el Palacio de Hacienda para blindar activos estratégicos del Estado.
El proyecto de propiedad privada, diseñado originalmente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, llega al recinto con sustanciales modificaciones producto de las exigencias opositoras. Del texto original se eliminó por completo el capítulo que introducía cambios en la ley de barrios populares, al tiempo que se reformaron las áreas de manejo del fuego, expropiaciones y extranjerización de tierras. En este último punto, la norma elimina los límites vigentes para que empresarios extranjeros adquieran tierras rurales, delegando en las provincias la autorización de las ventas, aunque mantiene la prohibición explícita de compra para Estados extranjeros o corporaciones con participación estatal foránea.
En materia de desalojos, la reforma introduce un mecanismo "exprés" aplicable única y exclusivamente para los casos de inmuebles que hayan sido usurpados de forma flagrante. Para las situaciones de incumplimientos contractuales de alquiler, se fija un plazo perentorio de 10 días para intimar fehacientemente el pago al domicilio real o electrónico denunciado en el contrato, dándose por válida la notificación aun si el locatario se negara a recibirla. Ante la persistencia de la falta de pago, el locador quedará facultado para iniciar de inmediato la acción judicial de desocupación, la cual deberá sustanciarse obligatoriamente bajo el procedimiento más breve que prevea la ley local, estimado en 10 días hábiles.
Con respecto al manejo del fuego, la iniciativa deroga el polémico artículo promovido en su momento por Máximo Kirchner, el cual prohibía por 30 años el cambio de uso de suelo en predios rurales, pastizales o áreas periurbanas que hubiesen sufrido incendios. En el caso de los bosques nativos, se sostendrá la prohibición de modificar el destino de la superficie afectada, pero se elimina por completo el plazo restrictivo de 60 años que fijaba la normativa anterior. Asimismo, el capítulo de expropiaciones determina que la declaración de "utilidad pública" por parte del Estado deberá interpretarse de manera restrictiva y establece un tope del 30% de indemnización por lucro cesante, indexado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Finalmente, los senadores tratarán el proyecto del ministro de Economía, Luis Caputo, que autoriza al Gobierno nacional a pagar 171 millones de dólares a los fondos buitres Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP para cerrar litigios remanentes y evitar embargos contra las acciones de YPF. El Estado argentino tiene plazo regulatorio hasta el próximo 30 de junio para efectivizar el acuerdo bajo la modalidad de entrega contra pago, cancelando definitivamente los bonos en default emitidos con anterioridad al año 2002. En la misma jornada, la Cámara alta prevé convalidar la creación de nuevas cámaras federales para Tucumán y Mar del Plata, además de avanzar con la aprobación de 50 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales.





