Estos dispositivos móviles rastreados quedaron bajo estricta cadena de custodia y serán sometidos a peritajes técnicos para profundizar en la autoría de los hechos. Los procedimientos se llevaron a cabo tras las denuncias presentadas por directivos escolares, quienes alertaron sobre el clima de temor generado en sus comunidades.
Los efectivos del Departamento Cibercrimen lograron rastrear el origen de una serie de mensajes intimidatorios que circulaban a través de redes sociales como Instagram y WhatsApp. Las publicaciones, que incluían imágenes de armas de fuego y blancas, advertían sobre posibles ataques violentos contra distintos establecimientos educativos del Gran Resistencia y la zona portuaria. La investigación técnica permitió vincular estos perfiles digitales con diversos domicilios donde residen adolescentes de entre 13 y 14 años.
En consecuencia, los padres y tutores de los jóvenes involucrados fueron notificados de las actuaciones judiciales bajo la carátula de supuesta intimidación pública. Asimismo, las autoridades dieron intervención inmediata a la Dirección de Adolescencia, Niñez y Familia, a través de la Línea 102, para garantizar un abordaje integral de los casos dada la edad de los responsables. Estas medidas buscan establecer las responsabilidades legales correspondientes por la creación de falsas alarmas.
Desde la institución policial recordaron a la ciudadanía que este tipo de acciones no constituyen una broma, sino que representan un delito tipificado en el Código Penal. La difusión de estas amenazas moviliza innecesariamente recursos de seguridad y genera graves consecuencias legales tanto para los menores como para sus familias. Por este motivo, se insta a los adultos a supervisar el uso de las tecnologías para evitar que se altere la tranquilidad pública.
Finalmente, las investigaciones continúan abiertas para determinar si existen otros perfiles o personas involucradas en la cadena de mensajes que afectó a instituciones como la E.E.S. N° 66, la N° 152 y la N° 75. El objetivo de las autoridades es desactivar completamente cualquier foco de alerta y asegurar el normal desarrollo de las actividades escolares en la provincia. Mientras tanto, los peritos analizan la información recuperada de los dispositivos incautados para sumar nuevas pruebas al expediente.





