A cinco años de la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la Argentina repasa uno de los debates legislativos y sociales más relevantes de los últimos años, desarrollado en un contexto excepcional atravesado por la pandemia de COVID-19 y por movilizaciones en distintos puntos del país.
El tratamiento del proyecto tuvo un antecedente central en 2018, cuando la iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y fue posteriormente rechazada en el Senado, lo que dejó expuestas las distintas posturas políticas, religiosas y culturales que atravesaron la discusión pública y parlamentaria.
El debate sobre el aborto legal cuenta con antecedentes de larga data en la historia argentina, con iniciativas y reclamos impulsados por organizaciones sociales, profesionales de la salud y sectores políticos desde comienzos del siglo XX, y con hitos más recientes como la conformación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en 2005 y la visibilización del tema en la agenda pública durante la última década.
Previo a la sanción de la ley, el aborto se encontraba penalizado con excepciones previstas en el Código Penal, un marco normativo que fue objeto de cuestionamientos y análisis por parte de organismos de derechos humanos, asociaciones médicas y organizaciones civiles, que señalaron su impacto en la salud pública y en el acceso desigual a prácticas seguras.
Finalmente, el 30 de diciembre de 2020, el Senado aprobó la ley que habilita el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, estableciendo un nuevo marco legal que continúa siendo objeto de debate y análisis en distintos sectores de la sociedad argentina.




