Compartí en redes:


A casi dos meses de la condena dictada contra Aída Ayala y otros implicados, el Tribunal Oral Federal ha hecho públicos los fundamentos de la sentencia que expone los entresijos de corrupción durante su mandato como intendente de Resistencia. Con un fallo detallado de 621 páginas, los jueces Juan Manuel Iglesias, Enrique Jorge Bosch y Noemí Marta Berros desglosaron los eventos desde el inicio de la causa hasta el veredicto final, destacando prácticas sistemáticas que beneficiaron a ciertos empresarios a costa del erario público.

La sentencia subraya cómo Ayala, junto a otros acusados, facilitó un trato preferencial a empresas como PIMP SA, permitiendo la facturación rápida y sin contratiempos por servicios cuestionados. Durante su gestión, la empresa mencionada facturó aproximadamente $39,163,150.2 solo entre los años 2014 y 2015, aprovechándose de un marco normativo laxo y prácticas empresariales cuestionables.

El tribunal destacó la falta de control sobre PIMP SA, señalando que las certificaciones de servicios se emitían sin el debido escrutinio, permitiendo a la empresa eludir responsabilidades financieras básicas como los aportes patronales. Esta falta de vigilancia facilitó un ambiente propicio para manejos financieros arbitrarios, beneficiando a un grupo selecto de empresarios mientras perjudicaba los intereses municipales.

Entre los aspectos más polémicos del fallo se menciona la participación de figuras como Jacinto Amaro Sampayo, secretario general del sindicato de empleados municipales, quien, si bien no fue directamente implicado en las prácticas corruptas de Ayala, ejercía una influencia considerable en la administración municipal. El tribunal reconoció su capacidad para presionar por ciertos intereses, aunque no encontró evidencia suficiente para incriminarlo en los mismos negocios que la exintendente.

El tribunal también analizó cómo Ayala consolidó su poder dentro del municipio, gestionando acuerdos irregulares pero beneficiosos para su círculo íntimo, como lo evidencia la participación recurrente de Daniel Alejandro Fischer, cercano a Ayala y vinculado sentimentalmente a una de sus hijas. La defensa de Ayala intentó mitigar su responsabilidad argumentando la imposibilidad de supervisar todas las actividades municipales, pero el tribunal enfatizó que esta falta de control debió ser responsabilidad de su gestión.