La decisión de la Cámara de Apelaciones de revocar la medida cautelar que frenaba la aplicación del régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires restituyó la plena operatividad de la norma en todo el territorio nacional. Al respecto, el abogado penalista, Juan Arregín, analizó en Radio Facundo Quiroga los fundamentos técnicos del fallo de alzada y los límites del control de constitucionalidad en el Poder Judicial. Al explicar el mecanismo mediante el cual la magistrada bonaerense argumentó la falta de infraestructura para suspender el régimen en su jurisdicción, precisó: "En vez de declarar la inconstitucionalidad de la norma, la jueza utilizó una herramienta técnica para suspender su aplicación mientras tanto, pero la instancia superior determinó que la ley está plenamente vigente". Asimismo, al referirse al trámite impulsado por el Gobierno Nacional ante la Cámara de Apelaciones para revertir dicha paralización, agregó: "Esta nueva decisión judicial resuelve la cuestión y hace que el régimen vuelva a aplicarse de manera uniforme en todo el país".
La aprobación del marco normativo por parte del Congreso de la Nación responde a un amplio debate legislativo que busca adecuar las responsabilidades penales en delitos cometidos por menores de edad. En este sentido, al respaldar la validez del texto sancionado y cuestionar que un magistrado modifique la aplicación de una ley federal, el abogado remarcó: "Es una ley dictada por el Congreso de la Nación que ha atravesado todo un proceso legislativo y que tiene un consenso social innegable, porque era un reclamo de toda la comunidad que se tenga en cuenta la situación de los menores que cometen delitos". Del mismo modo, al advertir sobre la división de poderes y los excesos en las atribuciones de los jueces de primera instancia, concluyó: "Desde lo técnico correspondía tomar otra definición porque la jueza se está arrogando funciones que no le competen".
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