La pulseada entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó este martes un capítulo determinante en los tribunales. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, hizo lugar a una medida cautelar innovativa que obliga al Estado Nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). El magistrado consideró que el Decreto 759/2025, mediante el cual el presidente Javier Milei había suspendido la ejecución de la norma tras la insistencia legislativa, presenta rasgos de "ilegalidad manifiesta" al intentar anular mediante una vía administrativa lo ratificado por dos tercios de ambas cámaras del Congreso.
El fallo surge de un amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que nuclea a rectores de todo el país, incluyendo a nuestras autoridades regionales. Cormick fue contundente al señalar que el Poder Ejecutivo no puede ampararse en normas de inferior jerarquía para desconocer un mandato constitucional expreso. Según el magistrado, una vez que el Congreso insiste en una ley vetada, el proyecto se convierte en ley y debe ser promulgado, sin que exista una "variante suspensiva" válida dentro de nuestro sistema de división de poderes.
Uno de los puntos más sensibles del dictamen judicial es el reconocimiento del "peligro en la demora". El juez advirtió que el deterioro de los ingresos de los docentes y la parálisis de las becas estudiantiles conculcan derechos protegidos por tratados internacionales. Además, desestimó el argumento del impacto fiscal excesivo, citando datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso que estiman el costo de la ley en apenas un 0,23% del PBI, un monto que calificó como "poco significativo" frente a la afectación del derecho constitucional de enseñar y aprender.
Esta medida cautelar, que rige de manera inmediata hasta que se dicte una sentencia de fondo, representa un alivio temporal pero potente para la comunidad universitaria de Resistencia y de todo el país. Al declarar inaplicable el decreto presidencial, la justicia ordena que las remesas de fondos se actualicen sin más dilaciones, lo que impactaría directamente en los haberes del personal académico y no docente. Mientras el Gobierno analiza apelar la medida, en los pasillos de las facultades locales la noticia se recibió como una bocanada de aire fresco en medio de un conflicto que parecía estancado.





