Este jueves por la mañana, Resistencia fue escenario de una movilización como pocas veces se vio, impulsada por la bronca y la urgencia de las personas con discapacidad, sus familias, profesionales y organizaciones locales.
La denuncia es contundente y tiene nombres, caras y dramas familiares reales. La crisis se agrava por el desmantelamiento de las políticas inclusivas y la digitalización forzada de los trámites para renovar, mantener o solicitar una pensión.
El sistema exige respuestas rápidas y digitales, pero excluye de raíz a buena parte del sector más vulnerable de nuestra sociedad: personas con baja escolaridad, sin conectividad, sin computadoras, y, por supuesto, sin recursos. Quienes más necesitan del Estado, reciben silencio como respuesta a sus reclamos.
Ariel Martínez, hermano de una persona con discapacidad intelectual severa, lo expone con palabras claras: "Te mandan por mail una solicitud de actualización de certificado médico, pero ¿quién controla si esa persona tiene acceso a una computadora o puede sacar un turno en el hospital? La mayoría apenas puede llegar a fin de mes. Y si no cumplen con el nuevo requisito, en poco tiempo les cortan la pensión."
El nuevo régimen de auditorías no es sólo impiadoso, es deshumanizante. Las bajas se multiplican y llegar a tiempo con los papeles es una carrera de obstáculos. No existen operadores de Agencia Nacional de Discapacidad en la provincia; no hay oficina a la que se pueda acudir, ni representante que dé la cara. El responsable nacional, el director ejecutivo Diego Spagnuolo, toma las decisiones desde Buenos Aires. El Chaco entero queda a merced de un formulario online.
Pero las trabas y recortes no terminan en los trámites: desde julio de 2024 las prestaciones del programa Incluir Salud están paralizadas. No aceptan nuevas autorizaciones, el transporte para traslados está suspendido y los aranceles llevan meses congelados. Los profesionales que prestan servicios ven imposible sostenerse. "No se puede pagar los sueldos, se están empezando a suspender tratamientos. Esto hoy es desesperante", admiten desde el sector.
La situación golpea especialmente en el interior chaqueño, donde la desigualdad digital es brutal. Cada vez más familias quedan desamparadas, sin respuestas y con la mirada puesta en una posible ola de cierres de servicios, como ya pasó con otras áreas estatales.
Más de mil personas marcharon hoy para que la Agencia Nacional de Discapacidad los escuche y actúe. El reclamo es simple: acceso real, no virtual, respuestas humanas, no correos automáticos. Y recordaron algo importante: los derechos de las personas con discapacidad no pueden depender de la suerte ni del acceso a la tecnología. La emergencia exige políticas inclusivas de verdad y un Estado presente, especialmente para quienes menos tienen.
El plan de lucha recién empieza. "No aguantamos más. Si esto sigue así, no queda nada para nosotros. Van a fundir a las familias y expulsar a las personas con discapacidad del sistema. Por eso estamos todos juntos hoy acá", concluyó Ariel Martínez antes de sumarse, de nuevo, al grito colectivo.