Reforma de la Ley de Glaciares: estos son los cambios principales

La modificación redefine el alcance de la protección y abre un fuerte debate sobre el futuro de estas reservas de agua.
9 de abril 2026, 14:16hs

La reforma de la Ley de Glaciares avanzó en la Cámara de Diputados con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, en una votación que reconfigura el esquema de protección de estos recursos naturales en el país. La iniciativa ya contaba con media sanción del Senado y ahora fue girada al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Uno de los ejes centrales de la modificación es el mayor margen que se otorga a las provincias para definir los criterios de protección. Este cambio responde a planteos vinculados al desarrollo de actividades productivas, especialmente en regiones con interés en la explotación minera.

La normativa vigente hasta ahora, la Ley 26.639, establecía una protección amplia de los glaciares y de las áreas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua. Con la reforma, ese alcance se redefine y se introduce un criterio más restrictivo para su resguardo.

Entre los principales puntos de la modificación se destacan:

  • Alcance de la protección: se limita a glaciares y zonas periglaciares que cumplan funciones hídricas comprobadas, bajo evaluación provincial
  • Control científico: el IANIGLA pierde protagonismo y pasa a un rol de carácter registral
  • Fragmentación normativa: cada provincia podrá aplicar criterios propios para definir qué proteger
  • Principio precautorio: se mantiene la protección inicial hasta que se verifique el cumplimiento de funciones hídricas
  • Sistema de prohibiciones: se reemplaza por evaluaciones de impacto ambiental caso por caso
  • Protección condicionada: la preservación deja de ser general y pasa a ser revisable
  • Evaluación ambiental: toda actividad deberá ser autorizada previamente bajo estudios de impacto

La reforma habilita la posibilidad de autorizar actividades productivas en zonas que antes estaban protegidas de manera amplia, lo que generó cuestionamientos de especialistas y organizaciones ambientales. Advierten que estos cambios podrían afectar áreas clave para la provisión de agua dulce.

Desde el Gobierno se sostiene que la modificación permitirá ordenar el marco normativo y fortalecer el federalismo ambiental. Según argumentan, las provincias tendrán un rol más activo en la administración de sus recursos y en la toma de decisiones sobre sus territorios.

El debate sobre esta reforma se mantiene abierto y con posiciones encontradas, en un tema que impacta directamente sobre la preservación de los recursos naturales y el desarrollo productivo en distintas regiones del país.

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