La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia puso fin a la pretensión del subcomisario Andrés Franco Ramírez de regresar a la provincia. El efectivo, uno de los siete detenidos por el escandaloso intento de robo de cocaína durante una quema judicial en Colonia Benítez, había presentado un hábeas corpus alegando un "agravamiento ilegítimo" de sus condiciones de detención. Ramírez, actualmente alojado en el Escuadrón N° 18 de Gendarmería Nacional en Las Lomitas, Formosa, argumentaba que la distancia de 400 kilómetros vulneraba su derecho a la defensa y el contacto con su esposa, quien cursa un embarazo de 14 semanas. Sin embargo, los jueces Rocío Alcalá y Enrique Bosch ratificaron que el traslado es válido y que cualquier reclamo debe canalizarse por las vías ordinarias.
El fallo de la Cámara respalda lo actuado inicialmente por el Juzgado Federal N° 2, señalando que no existe una intromisión ilegal en sus derechos fundamentales. Según el tribunal, la jueza de Garantías Zunilda Niremperger es quien posee la competencia exclusiva para decidir sobre el lugar de alojamiento definitivo. Cabe recordar que, mientras la mayoría de sus colegas de la Dirección de Consumos Problemáticos quedaron alojados en dependencias de Prefectura en Barranqueras, Ramírez y el cabo Quizama fueron enviados a la vecina provincia por razones de seguridad y cupo, una medida que la justicia considera necesaria dada la gravedad institucional del hecho.
En paralelo, la investigación liderada por el fiscal Patricio Sabadini sigue arrojando detalles que parecen sacados de una ficción policial. Durante las seis horas que duró la audiencia de prisión preventiva, los acusados intentaron defenderse con explicaciones insólitas. El caso más llamativo fue el del cabo Urne Canteros, a quien se le halló un ladrillo de yeso empaquetado —presuntamente para "cambiarlo" por la droga— y alegó que lo llevaba para afilar sus herramientas en su segundo trabajo como barbero. A pesar de estas coartadas, la jueza Niremperger dictó la preventiva para los siete por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y peculado, agravados por su condición de funcionarios públicos.
Este caso ha generado un terremoto en la Jefatura de la Policía del Chaco. El propio Fernando Romero reconoció que la credibilidad de la fuerza quedó por el piso al haber intentado el robo a plena luz del día y frente a las máximas autoridades provinciales y judiciales. Mientras el Órgano de Control Institucional avanza con la suspensión sin goce de haberes y se producen purgas en la Dirección de Investigaciones, la justicia federal envía un mensaje claro: no habrá concesiones para quienes, encargados de combatir el narcotráfico, terminaron intentando quedarse con un botín valuado en más de 225 millones de pesos.





