Propiedad privada y fondos buitre: El oficialismo busca sellar un acuerdo clave en el Senado

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional debió resignar capítulos clave para garantizar el acompañamiento de los bloques dialoguistas en una jornada parlamentaria decisiva.
1 de junio 2026, 8:45hs

El Senado de la Nación se prepara para una sesión ordinaria crucial este jueves 4 de junio, donde el interbloque de La Libertad Avanza, conducido por Patricia Bullrich, buscará aprobar el postergado proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y la autorización para el pago a los fondos buitres. Para la administración nacional el tiempo apremia, ya que el próximo 30 de junio vence el plazo legal y definitivo para cumplir con el acuerdo conciliatorio alcanzado con los grupos de bonistas extranjeros. Sin embargo, el escenario legislativo forzó al oficialismo a entablar intensas negociaciones con la oposición dialoguista, modificando sustancialmente el texto original diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con el fin de alcanzar el piso de 37 votos necesarios frente a los 21 legisladores propios que posee la fuerza gobernante.

Entre las reformas más sustanciales que aceptó el oficialismo para destrabar el dictamen, se destaca la eliminación completa del capítulo que pretendía introducir modificaciones a la actual ley de barrios populares. Asimismo, el texto final incorporó nuevos mecanismos para el registro de terrenos y reformó la polémica regulación sobre la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. El nuevo articulado suprime los topes de hectáreas vigentes en la legislación actual para compradores foráneos, aunque delega y preserva de manera taxativa la potestad de aprobación final en manos de los gobiernos provinciales, quienes conservarán la jurisdicción plena sobre sus territorios de conformidad con los principios establecidos en la Constitución Nacional.

Como contrapartida regulatoria a la apertura del mercado inmobiliario rural, el dictamen establece una prohibición explícita que impide la compra de tierras a Estados extranjeros, organizaciones empresariales con participación estatal foránea o fondos fiduciarios integrados mayoritariamente por bienes de otros países. Por el lado de las expropiaciones, la iniciativa legislativa determina que la declaración de "utilidad pública" por parte del Estado nacional deberá interpretarse a partir de ahora de manera estrictamente restrictiva y con fundamentos rigurosos. Además, la oposición logró fijar un tope del 30% de indemnización por lucro cesante —punto que no estaba contemplado en el proyecto original—, disponiendo que la tasa de interés aplicable se calculará bajo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa a treinta días del Banco Nación.

El otro gran eje de debate se concentró en el régimen de desalojos, donde los legisladores aliados impusieron una clara distinción entre los casos de usurpación ilegal y aquellos contratos de locación con inquilinos morosos. Para las ocupaciones de terrenos o viviendas tomadas por la fuerza, se aplicará de manera estricta el criterio de "desalojo exprés" mediante un procedimiento de juicio sumarísimo. En contraste, para los arrendatarios que registren atrasos en sus obligaciones mensuales, el oficialismo debió estirar los plazos de intimación a 10 días en lugar de los cinco que pretendía la Casa Rosada, otorgando luego otros 10 días hábiles bajo el procedimiento judicial más breve contemplado por las leyes vigentes para efectivizar la desocupación del inmueble.

Finalmente, la jornada parlamentaria mantiene un fuerte manto de duda respecto al tratamiento de los 73 pliegos designados para la Justicia que ya contaban con despacho de comisión. La controversia estalló tras la decisión política de vetar la postulación de Verónica Michelli, impugnada por su vínculo de parentesco al ser la cuñada del periodista de investigación Hugo Alconada Mon. Esta última pulseada de nombres propios amenaza con empantanar los consensos construidos para las designaciones judiciales, restándole previsibilidad a un debate donde la prioridad absoluta del oficialismo seguirá siendo garantizar las herramientas financieras para los bonistas y el nuevo marco normativo para la propiedad privada.

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