El diputado nacional Ramiro Gutiérrez (Frente Renovador) presentó un proyecto de ley para reformar el Código Penal argentino con el objetivo de tipificar el mercenarismo y las organizaciones armadas privadas ilícitas. La propuesta busca dar respuesta al surgimiento de nuevas dinámicas de violencia transnacional y al fenómeno de privatización de los conflictos bélicos a nivel global.
El texto legislativo define como mercenario a toda persona que, a cambio de una retribución económica, preste servicios militares fuera del marco del Derecho Internacional o las leyes nacionales. La norma establece penas tanto para la acción individual como para la creación, financiamiento, logística e integración de este tipo de estructuras.
"Detrás del negocio de la guerra privada están las mafias que reclutan jóvenes a cambio de dinero. Muchos son extorsionados y mueren sin poder volver en un frente de batalla olvidado. Mientras la justicia argentina investiga redes de reclutamiento para combatir en guerras extranjeras, nuestro Código Penal todavía carece de una regulación específica", fundamentó Gutiérrez.
Preservación del monopolio de la fuerza y agravantes
Según los fundamentos de la iniciativa, el propósito central es resguardar la soberanía nacional, el orden constitucional y la seguridad del Estado mediante la conservación del monopolio público de la fuerza.
El proyecto contempla además un régimen de penas agravadas para los siguientes casos:
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Cuando la actividad afecte directamente la defensa de la Nación.
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En casos donde se reclute o utilice a menores de edad.
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Si la estructura facilita la comisión de delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra o actos de terrorismo.
Por otra parte, la norma excluye de forma explícita a las Fuerzas Armadas y de seguridad en funciones oficiales, a las misiones de paz aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a las firmas de seguridad privada reguladas por ley y al personal sanitario o de asistencia humanitaria.
Alineación con estándares internacionales
La propuesta legislativa recoge las recomendaciones de organismos multilaterales como el Comité Internacional de la Cruz Roja (mediante el Documento de Montreux), el Grupo de Trabajo de la ONU y el Consejo de Europa, los cuales han alertado sobre los riesgos que generan las corporaciones militares privadas para el respeto del Derecho Internacional Humanitario.
De esta forma, la reforma busca dotar a la Justicia argentina de herramientas preventivas y punitivas adaptadas a los conflictos híbridos y al reclutamiento transnacional.
