Según sus cálculos, desde que asumió el gobierno de Javier Milei, el salario real de los investigadores ha sufrido una pérdida del 36,4%, un deterioro equivalente al registrado durante todo el período de Mauricio Macri (37%) pero concentrado ahora en apenas año y medio.
Este colapso se debe, según explican, a una política explícita del Estado nacional orientada a "pisar los salarios y las condiciones de vida de todos los trabajadores", con especial énfasis en el sector científico y universitario, bajo el eje rector de alcanzar un "déficit fiscal cero". Al mismo tiempo, denuncian la complicidad de la burocracia sindical, que avaló acuerdos salariales mínimos como el último otorgado por UPCN: un aumento del 1,3 % para marzo, abril y mayo más un bono único de $45.000, decisión tomada horas antes de conocerse la inflación del mes de marzo (3,7 %) y una nueva devaluación.
La crítica se profundiza al analizar la situación específica de los becarios del CONICET y de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación Científica y Tecnológica (Agencia I+D+i). Estos puestos, fundamentales en la estructura de la investigación pública argentina, carecen de reconocimiento laboral y, por ende, no incluyen derechos básicos como aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias médicas ni garantía real de cobrar los aumentos establecidos.
Los "estipendios" que reciben —término utilizado para ocultar su naturaleza laboral— dependen de la discrecionalidad de los directivos de cada organismo. En el caso del CONICET, los salarios reales de los becarios han llegado a niveles similares a los de hace dos décadas, con impacto directo en la continuidad de las investigaciones, especialmente en un contexto de alta inflación, emergencia habitacional y precariedad generalizada.
Aunque en algunas ocasiones el directorio del CONICET ha dispuesto aumentos adicionales conocidos como "jerarquizaciones", estos mecanismos no son automáticos ni están garantizados. Por ejemplo, la última jerarquización fue implementada en abril de 2023 por parte de integrantes aún en funciones, lo que, para los jóvenes científicos, demuestra que dicho recurso sí existe y debería activarse ante la actual crisis de ingresos.
La problemática se agrava aún más en el caso de la Agencia I+D+i, donde los salarios están congelados desde hace casi un año, sin respuestas del gobierno frente a las múltiples irregularidades institucionales que afectan a sus trabajadores. Este organismo, clave para financiar gran parte de los proyectos científicos del país, enfrenta una gestión desastrosa que, según señalan, responde menos a limitaciones económicas que a decisiones políticas deliberadas.
Recientemente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informó al Congreso una importante subejecución del presupuesto destinado a ciencia y tecnología, lo que evidencia que los fondos existen, pero no se utilizan en pos del fortalecimiento del sistema científico. Un ejemplo claro es la reciente entrega de 400 millones de dólares por parte del Banco Central para sostener políticas monetarias vinculadas a la especulación financiera y los lineamientos del FMI, cuando el presupuesto anual del CONICET ronda los 500 millones de dólares.
Esta arbitraria distribución de recursos, sumada al congelamiento de partidas, está paralizando laboratorios, generando la obsolescencia de equipos y empujando a miles de investigadores a abandonar sus actividades por imposibilidad económica. Mientras tanto, se priorizan gastos como reuniones y eventos científicos, dejando atrás las necesidades más urgentes: salarios dignos y condiciones laborales justas.
Tanto las becas del CONICET como las de la Agencia están hoy por debajo de la línea de pobreza establecida por el INDEC. Ante este escenario, los jóvenes científicos precarizados convocan a organizarse colectivamente: participar en asambleas, elevar el reclamo salarial y construir un plan de lucha que permita frenar el avance de esta crisis.
"Es tiempo de exigir exclusividad laboral con derechos plenos: aguinaldo, estabilidad, y salarios acordes a nuestras tareas y nuestras necesidades", concluyen. En un contexto de ajuste y abandono estatal, la defensa de la ciencia argentina pasa, irrenunciablemente, por defender los derechos de quienes día a día la sostienen.