La Justicia Federal pospuso la lectura de la sentencia en el mediático juicio contra la ingeniera Aída Ayala, principal acusada en la causa "Mi Pueblo". Lo que estaba previsto para este lunes 30 se reprogramó para el próximo 7 de julio, una semana después de lo anunciado inicialmente. La postergación se debe a la imposibilidad de asistencia presencial de uno de los magistrados del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), asegurando así la presencia de todos los jueces para este importante veredicto.
La exsecretaria de Municipios de la Nación y exintendenta de Resistencia, Aída Ayala, es juzgada por presuntas irregularidades en compras realizadas en 2016 durante su gestión. Se le acusa de beneficiar a una empresa con sobreprecios en Quitilipi, en un caso que investiga el presunto direccionamiento de fondos públicos durante el gobierno de Mauricio Macri. Junto a Ayala, están imputados sus exasesores Matías Balmaceda y Miguel Ángel Vilte, para quienes la Fiscalía solicitó penas de cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La causa se originó a partir de la declaración del exintendente de Quitilipi, Sergio Casalboni, quien admitió su culpabilidad en la maniobra de contrataciones con sobreprecios y obtuvo un juicio abreviado. Otro de los involucrados, el empresario Claudio Toledo, logró la suspensión del juicio a prueba (probation) a cambio de una reparación económica. Como parte del acuerdo, Toledo deberá pagar seis millones de pesos, cumplir reglas de conducta por dos años y no podrá volver a ser proveedor del Estado en Quitilipi.
Antes de conocerse el fallo final, los imputados tendrán la oportunidad de decir unas últimas palabras, ejerciendo su derecho a una declaración final. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) de Resistencia será el encargado de dictar la sentencia, en una causa que puso bajo la lupa el uso de fondos nacionales en municipios del interior del Chaco.
Este juicio captó la atención por sus implicaciones en la transparencia de la gestión pública y el destino de los fondos nacionales. La espera por el veredicto del 7 de julio mantiene en vilo a la provincia, mientras se busca esclarecer las responsabilidades en las presuntas irregularidades denunciadas.