El Gobierno de Javier Milei decidió cesar a Rodolfo Barra de su cargo como Procurador del Tesoro, en medio de fuertes críticas internas hacia el funcionario por un reciente dictamen que habría contrariado los intereses de la Casa Rosada. La destitución ocurrió apenas un día antes de que Barra se reuniera con Santiago Caputo, asesor presidencial, lo que evidenció la rapidez con la que se resolvió su salida.
Entre los cuestionamientos que pesaban sobre Barra figuraban su residencia fuera del país y su postura en un dictamen relacionado con el Ministerio de Justicia. Según trascendió, el Procurador habría favorecido a una empleada de esa cartera que había interpuesto un recurso judicial contra la decisión ministerial de eliminar un incentivo complementario a los salarios.
Desde el Ministerio de Justicia no ocultaron el malestar que generaron las decisiones de Barra. "La Procuración General del Tesoro es un organismo autónomo que debe asumir la responsabilidad de sus actos", señalaron fuentes oficiales. Además, remarcaron la postura del Gobierno de reducir el gasto público y reorganizar la estructura estatal: "No vamos a avalar remuneraciones excesivas ni incentivos salariales en un contexto donde toda la Nación realiza un esfuerzo económico".
El dictamen en cuestión beneficiaba a un empleado estatal que percibía una parte de su salario a través de un convenio con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Este acuerdo había sido eliminado como parte de una medida que también provocó el despido de 2.500 trabajadores públicos.
En los pasillos de Balcarce 50 se comentaba que el hecho de que Barra no dictaminara a favor del Gobierno era "inusual". Sin embargo, la salida del funcionario no sorprendió a todos. Su nombramiento ya había generado controversia debido a declaraciones de su juventud que lo vinculaban con posturas "filo-nazis", así como a su papel destacado en la reforma del Estado durante la década de 1990, cuando integró la Corte Suprema en el gobierno de Carlos Menem.
Barra había ganado notoriedad en los primeros meses de la gestión de Milei al defender el polémico decreto 70/2023, que derogó y modificó cientos de leyes de manera simultánea. Sin embargo, su influencia parece haberse desgastado con el tiempo, culminando en su destitución.
Mientras se espera que Barra renuncie formalmente antes del regreso de Milei al país, ya comenzó a circular el nombre de su posible sucesor: Ricardo Rojas, un abogado y doctor en historia conocido por su libro La inflación como delito. Rojas cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito judicial, habiendo sido secretario letrado de la Corte Suprema entre 1986 y 1993 y juez en lo Criminal en la Ciudad de Buenos Aires. Su designación podría apuntalar la estrategia de "orden jurídico" que el Gobierno busca implementar en su proyecto de reconstrucción nacional.