Un cambio significativo en las normativas para obtener la ciudadanía italiana ha sido implementado por el gobierno de Giorgia Meloni. Esta nueva restricción, que entró en vigor el viernes 28 de marzo, afectará a una gran cantidad de descendientes de italianos, especialmente en países como Argentina, donde existe una considerable comunidad de inmigrantes italianos. La modificación principal radica en la limitación del derecho de sangre a dos generaciones.
A partir de ahora, para poder solicitar la nacionalidad italiana, será necesario tener un padre o un abuelo nacido en Italia. Esta reforma del ius sanguinis representa un cambio importante, ya que anteriormente era suficiente con tener un bisabuelo o incluso un tatarabuelo nacido en suelo italiano para iniciar el trámite. Esta herramienta jurídica, el ius sanguinis, permite transmitir la ciudadanía a hijos y nietos sin importar su lugar de residencia.
Antonio Tajani, ministro de Asuntos Exteriores y vicepresidente del Consejo de Ministros, aseguró que “el principio del derecho de sangre no será abolido” y que muchos descendientes de emigrantes podrán seguir obteniendo la nacionalidad italiana. Sin embargo, aclaró que se establecerán “límites precisos, especialmente para evitar los abusos o la ‘comercialización’ de los pasaportes italianos”. “La nacionalidad debe ser una cosa seria”, sentenció el funcionario.
El Ministerio de Asuntos Exteriores italiano puso a Argentina como ejemplo, donde 20.000 descendientes obtuvieron la nacionalidad italiana en 2023 y 30.000 en 2024 gracias al derecho de sangre. En Brasil, otras 20.000 personas obtuvieron la nacionalidad en 2024. Se estima que, con la ley anterior, entre 60 y 80 millones de personas en el mundo podían reclamar la nacionalidad italiana.
Aunque no se han proporcionado detalles específicos, se anticipa que en el futuro las normas podrían endurecerse aún más. Un integrante del Consejo mencionó la necesidad de “mantener lazos reales” con Italia y la posibilidad de exigir el ejercicio de “los derechos y los deberes de los ciudadanos al menos una vez cada 25 años”. Además, no se descartan requisitos lingüísticos y culturales (conocimiento del idioma y vínculos con la cultura italiana) y la exigencia de domicilio o residencia en Italia para el reconocimiento de la ciudadanía.
Esta reforma responde a las importantes limitaciones administrativas del sistema vigente, con oficinas consulares desbordadas y tiempos de espera que en algunos casos superan los diez años. Las autoridades italianas buscan modernizar el ius sanguinis y adaptarlo a las necesidades del siglo XXI, siendo la restricción a las dos generaciones la primera medida en este sentido.