El abogado y psicólogo Nicolás Papalia advirtió que la actual proliferación de amenazas de tiroteos y ataques en instituciones educativas no es un fenómeno aislado, sino el resultado de un proceso de hostilidad social gestado durante años. El especialista sostiene que la violencia ha dejado de ser un hecho marginal para convertirse en un mecanismo de construcción política y legitimidad que es celebrado desde las esferas de poder. Según su análisis, este clima de agresión discursiva que emana de los sectores altos del Estado funciona como un discurso ejemplificador que los jóvenes, en su proceso de integración social, terminan reproduciendo en sus vínculos cotidianos.
Bajo este panorama, Papalia explica que se ha producido un corrimiento de las normas éticas individuales que permiten razonar lo que es correcto, aceptando la denigración del otro como una forma válida de relación. Esta problemática se profundiza en las generaciones de nativos digitales, quienes han construido su subjetividad a través de las pantallas y carecen de herramientas para gestionar conflictos en la interacción real. Para estos jóvenes, el límite entre lo virtual y lo físico es difuso, lo que facilita que la agresividad de las redes sociales se traslade al aula sin los filtros que los adultos suelen aplicar.
El especialista también señaló la falta de dimensiones que existe sobre el material al que acceden los menores en plataformas digitales, donde muchas veces el control parental resulta insuficiente frente a contenidos de crueldad extrema. En este sentido, destacó la necesidad de regular el acceso a las redes y de incorporar una mirada crítica sobre la tecnología dentro de los planes educativos curriculares. No se trata simplemente de prohibir el uso de dispositivos, sino de educar a los adolescentes para que puedan procesar la información de manera responsable y entender las consecuencias de sus acciones en ambos mundos.
Finalmente, Papalia hizo un llamado a no delegar la responsabilidad total en las instituciones educativas, las cuales a menudo carecen de personal capacitado, recursos interdisciplinarios o salarios dignos para enfrentar un conflicto de tal magnitud. La solución requiere un trabajo sostenido que incluya la contención familiar, el acceso efectivo a la salud mental y un compromiso social para recuperar el valor de la palabra frente a la fuerza. Sin una política pública integral que priorice la educación y la protección emocional, la escuela seguirá siendo el escenario donde estallan las tensiones que la sociedad adulta no logra resolver.





