La acusación apunta a una red extranjera que buscó desprestigiar la gestión oficial mediante la difusión de contenidos falsos. Según el mandatario, la investigación actual es solo “la punta del iceberg” de una estructura de espionaje ilegal mucho más profunda.
La organización, apodada “La Compañía”, habría operado entre abril y octubre de 2024 con un presupuesto cercano a los 283.000 dólares. Con estos fondos se habrían financiado más de 250 artículos críticos que utilizaban firmas inexistentes, autores ficticios y material fabricado con herramientas digitales. El objetivo principal de estas publicaciones era cuestionar el programa de ajuste económico y el alineamiento argentino con Ucrania.
Ante esta situación, el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal para investigar posibles delitos bajo la Ley de Inteligencia Nacional. La presentación judicial solicita identificar a los intermediarios locales y determinar si existieron pagos a periodistas o editores para filtrar estas publicaciones en los medios. Monastersky advierte que este tipo de maniobras representan una amenaza directa a la integridad del sistema democrático y a la voluntad del electorado.
La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) confirmó que ya se habían detectado indicios de esta red de agentes extranjeros durante 2025. El organismo señaló que el propósito deliberado de la operación era influir en la opinión pública argentina en beneficio de intereses geopolíticos ajenos. Desde el oficialismo sostienen que la campaña buscó erosionar la imagen del Gobierno en momentos definitorios de la política exterior.
Por su parte, la Embajada de Rusia en Argentina rechazó tajantemente las acusaciones, calificándolas de "infundadas" y como un intento de dañar la relación bilateral. Pese a este desmentido diplomático, el Ejecutivo ratificó su decisión de avanzar judicialmente "hasta las últimas consecuencias" para esclarecer los hechos. El conflicto abre un frente sensible en la diplomacia nacional, obligando al Gobierno a reforzar sus mecanismos de contrainteligencia y seguimiento.





