"Los documentos van a hablar": Tito López asegura que su patrimonio proviene de subsidios nacionales

El Tribunal Oral Federal de Resistencia dio inicio al juicio contra el dirigente social Ramón "Tito" López, su esposa y sus tres hijos, acusados de lavado de activos, asociación ilícita y fraude contra la administración pública.
9 de abril 2026, 17:01hs

El fiscal del caso destaca que López pasó de ser "carrero" a acumular un patrimonio estimado en más de 1.600 millones de pesos en apenas dos décadas, enfrentando ahora una posible pena máxima de 15 años de prisión.

Durante las audiencias, la presidente del Instituto de Tierras Fiscales, Ana María Canata, brindó un testimonio contundente al describir una "maniobra perfectamente armada" para la apropiación de terrenos. Según la funcionaria, la familia López logró concentrar cerca de 3.000 hectáreas en parcelas contiguas, realizando ventas y operaciones de leasing ilegales sobre tierras que carecían de la infraestructura productiva básica exigida por la normativa vigente.

Por su parte, el líder del Movimiento 17 de Julio rompió el silencio ante la prensa asegurando que se siente bien porque finalmente "se va a saber la verdad" y calificó la causa como una persecución política. Aunque los imputados se abstuvieron de declarar formalmente ante el tribunal en la primera jornada, López insiste en que su patrimonio está respaldado por documentación y subsidios nacionales obtenidos legalmente como productor, afirmando que "los papeles van a hablar".

La tensión escaló cuando el dirigente lanzó explosivas declaraciones contra las autoridades judiciales, calificando de "drogadicto" al fiscal Patricio Sabadini y de "coimero" al juez Ricardo Mianovich. Asimismo, marcó una fuerte distancia con la opinión pública al afirmar: "Yo no le debo nada a los ciudadanos comunes", sosteniendo que su único compromiso es con sus compañeros de lucha que estuvieron con él en la calle.

El proceso judicial continúa con un voluminoso expediente de más de 90 carillas que detalla la adquisición de campos, vehículos, ganado y maquinaria rural. Mientras la defensa sostiene que saldrán libres de culpa y cargo por falta de pruebas, la fiscalía busca demostrar que el clan familiar utilizó su influencia para enriquecerse ilícitamente mediante la apropiación irregular de tierras fiscales de la provincia.

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