En comunicación con Radio Facundo Quiroga, el abogado penalista y docente universitario, Juan Arregín, analizó la propuesta impulsada desde el Ministerio de Seguridad y diversos sectores legislativos para implementar la llamada Ley de Reiterancia en la provincia del Chaco.
Durante la entrevista, el especialista explicó la diferencia técnica entre reincidencia (que exige sentencias de condena previas y firmes) y reiterancia, figura que busca otorgar a los fiscales una herramienta para dictar la prisión preventiva a personas que son aprehendidas de manera reiterada por la comisión de delitos —mayormente contra la propiedad— aunque sus causas anteriores sigan en trámite sin condena.
"La ley de reiterancia viene a decirles a los fiscales que, si una persona comete delitos en forma repetida sin llegar a tener una condena firme, corresponde que espere el cierre de la investigación privada de la libertad. Apunta directamente a frenar lo que se conoce socialmente como la puerta giratoria", señaló Arregín.
El desafío de la infraestructura y el colapso del sistema
Si bien reconoció la validez técnica de la herramienta, el jurista advirtió que su aplicación no puede analizarse de forma aislada a las condiciones estructurales del Estado:
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Capacidad carcelaria: Arregín advirtió que ordenar más detenciones de forma masiva provocará de inmediato un severo colapso en las comisarías y en el Servicio Penitenciario Provincial si no existen espacios adaptados.
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Adicciones y perfil delictivo: Destacó que una gran parte de los hurtos urbanos cotidianos (como el robo de medidores o focos) está vinculada a jóvenes golpeados por la extrema pobreza y el consumo problemático de estupefacientes, problemática que requiere abordajes sanitarios e institucionales específicos.
El trámite legislativo y el tratamiento de reinsertación
Consultado sobre el recorrido de la norma, el abogado indicó que la iniciativa —presentada por el diputado Ernesto Reguera— deberá ser tratada en las comisiones correspondientes de la Legislatura provincial antes de llegar al recinto.
Finalmente, remarcó que de nada servirá incrementar la población carcelaria bajo un "clamor popular" si el Estado no garantiza programas reales de formación de oficios y reinserción social para los internos:
"Si vamos a incorporar a un grupo importante de gente al sistema penitenciario, tenemos que saber qué hacer con ellos. Para tenerlos hacinados en lugares donde se perfeccione el delito, la medida no le servirá a la sociedad", concluyó Arregín.
