El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa integral que busca reformar el esquema de seguridad del país, endurecer las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en las Islas Malvinas y regular la respuesta estatal ante hipotéticas amenazas externas.
En su eje central, la norma endurece de forma severa las penas por la explotación de recursos renovables y no renovables en la Plataforma Continental Argentina, fijando condenas de hasta 20 años de prisión y la inhabilitación para operar en el país a empresas socias o proveedoras, además de incorporar la figura del juicio en ausencia para este tipo de delitos.
Asimismo, la propuesta dispone la creación de un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente de la Nación, organismo que coordinará las áreas de inteligencia, defensa y diplomacia, e introduce un protocolo de uso de la fuerza que faculta al Poder Ejecutivo a ordenar la neutralización de aeronaves hostiles o buques en infracción como último recurso.
El texto contempla además medidas económicas de emergencia contra actores externos que atenten contra la seguridad nacional, prohibiciones estrictas al financiamiento extranjero en campañas políticas y la tipificación de nuevos delitos vinculados a operaciones clandestinas de inteligencia, sabotaje o campañas masivas de desinformación.
Finalmente, la iniciativa le otorga rango legal al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (RePET), lo que permitirá el congelamiento inmediato de activos financieros a sujetos inscriptos en dicha base de datos para blindar la estructura económica del país.
