La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia resolvió por unanimidad rechazar los planteos de nulidad presentados por los abogados defensores del exgobernador Jorge Capitanich y Marta Soneira, quien fuera su ministra de Ambiente durante su gestión, además de otros cuatro imputados, en el marco de la causa federal que los investiga por supuesta defraudación contra la administración pública, lavado de activos y enriquecimiento ilícito en una presunta maniobra vinculada a la adjudicación de tierras fiscales. De esta manera, queda ratificada la actuación del fiscal Carlos Amad y los imputados deberán prestar declaración indagatoria.
En su requerimiento, Amad imputó a Capitanich como presunto autor de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos, lavado de activos agravado, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. En el caso de Soneira, pesan las mismas acusaciones además de "enriquecimiento ilícito". También se encuentran imputados los empresarios Mauricio Ariel Cian, Nelson Ariel Pochón, Federico Storti y Leandro Nicolás Bessone.
Las defensas habían planteado la nulidad del requerimiento fiscal marcando diversas críticas sobre la investigación y Amad. La exjuez y exministra de Seguridad de la pasada gestión, Gloria Zalazar, que representa a Capitanich y Soneira, consideró que "no hay una descripción clara del hecho delictivo" ni elementos probatorios que permitan ejercer una defensa efectiva, y habló de "uso fragmentado y tendencioso de las pruebas".
Sobre el rol de Capitanich específicamente, la defensa sostuvo que su intervención se limitó a la firma de decretos de adjudicación de tierras, un acto formal exigido por la Ley 471-P para parcelas mayores a 300 hectáreas, sin que ello implicara decisiones arbitrarias.
Estos planteos ya habían sido rechazados por la jueza en primera instancia, por lo que los acusados presentaron la correspondiente apelación que se resolvió en las últimas horas.
El tribunal, integrado por las juezas Patricia García y Rocío Alcalá, rechazó los cuestionamientos por entender que el requerimiento de instrucción "describe el hecho investigado con especial referencia a conductas específicas", que se encuentran adecuadamente tipificadas, y que la plataforma fáctica es suficiente para construir una sospecha razonable. Además, remarcó que esta etapa no requiere certeza plena, sino elementos que permitan avanzar en la investigación.
De esta manera, no solo se ratifica lo actuado en la causa, sino que queda firme el llamado a indagatoria contra los imputados.