Tras el cierre de los alegatos, donde la fiscalía y la querella pidieron que los imputados sean encontrados culpables, mientras que las defensas del clan Sena solicitaron la absolución, los 12 integrantes del jurado popular se encuentran deliberando.
Para que el jurado popular pueda dictar una sentencia condenatoria, la ley es estricta: el veredicto de culpabilidad debe ser unánime. Si el jurado no logra alcanzar ese acuerdo después de un tiempo prudencial de deliberación, se configura la figura de "jurado estancado". En este escenario, el juicio pierde su validez y se declara nulo.
Si el jurado popular se estanca (es decir, no logra un acuerdo sobre el veredicto), el juez tiene la facultad de instruir a los miembros para que deliberen de nuevo, animándolos a revisar sus posiciones y buscar un consenso. No obstante, si el acuerdo sigue siendo imposible, el juez puede declarar nulo el juicio y ordenar que se realice un nuevo proceso con un jurado totalmente diferente.
Las consecuencias legales se vuelven críticas si la falta de consenso se repite. La ley prevé que si un segundo jurado también se estanca, el acusado debe ser absuelto de manera obligatoria. Esto se debe a que, si dos jurados no logran acreditar la culpabilidad "más allá de toda duda razonable", se aplica la protección constitucional contra la doble persecución penal, conocida como ne bis in idem.
La figura del jurado estancado es vital porque protege el derecho del acusado a la presunción de inocencia. Su propósito es evitar que una persona sea condenada sin el consenso unánime requerido por ley, garantizando así que el principio de unanimidad, fundamental en los juicios por jurados, sea respetado.





