La gravedad del siniestro obliga a la evacuación de más de 3.000 personas en localidades como El Hoyo, Epuyén y Maitén, todo esto agravado por la sequía más severa registrada desde el año 1965.
El Gobierno provincial confirmó que existen indicios firmes de "intencionalidad criminal" en el origen de los focos. Según explicó el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, los peritajes iniciales detectaron el uso de acelerantes e hidrocarburos en zonas estratégicas del bosque, seleccionadas deliberadamente para facilitar la rápida propagación del fuego y bloquear accesos viales clave.
Hasta la fecha, el desastre consumió más de 5.000 hectáreas de bosque nativo y destruyó al menos 11 viviendas. Para intentar frenar el avance de las llamas, se despliega un operativo con más de 300 brigadistas, apoyados por medios aéreos y refuerzos provenientes de otras provincias y de Chile, aunque las autoridades admiten que, por ahora, solo es posible ralentizar el fuego.
El gobernador Ignacio Torres calificó la situación como una de las peores emergencias ambientales de la provincia, advirtiendo que los daños al ecosistema son, en muchos casos, irreversibles debido a la pérdida de árboles centenarios. Paralelamente, se inició una investigación judicial para determinar las responsabilidades penales de quienes habrían iniciado los focos de manera deliberada.
Finalmente, organizaciones ambientalistas denunciaron que la magnitud de la catástrofe se vio agravada por recortes y subejecución presupuestaria en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Mientras se espera un cambio en las condiciones climáticas, se solicita a la población circular únicamente en casos de extrema necesidad y evitar las zonas cercanas a la Ruta Nacional 40, que sufre cierres preventivos.






