Un informe del Grupo de Investigación sobre Conflictos Sociales de la UNNE, liderado por la magíster Silvia Sánchez y el Dr. Marcelo Graciosi, expone cómo las políticas actuales no abordan las causas estructurales del hambre, generando un incremento preocupante en la seguridad alimentaria. Factores como la devaluación del peso y el aumento de precios han empujado a más familias hacia la pobreza e indigencia, especialmente en la región NEA, donde el Gran Resistencia registra niveles alarmantes del 76,2% de pobreza y 38,6% de indigencia.
El estudio detalla que, ante la caída de ingresos, las familias optan por alimentos más baratos y menos nutritivos, lo que impacta gravemente en la salud de niños y adultos, aumentando enfermedades crónicas y la malnutrición. Además, señala la derogación de leyes sociales y el desfinanciamiento de programas como el PNUD, que abastecía a comedores comunitarios. A pesar de paliativos como el aumento de la Tarjeta Alimentar, estas medidas resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.
Los investigadores remarcan el rol clave de movimientos sociales, mientras la respuesta estatal resulta limitada. La investigación concluye que las políticas actuales profundizan la brecha de desigualdad y dejan a la sociedad frente a un interrogante: ¿Cuánto podrá soportar la política alimentaria del libre mercado sin comprometer el desarrollo humano y socioeconómico del país?
