Esta medida, impulsada por el gobierno de Javier Milei, no es un blanqueo de capitales, sino una "reparación histórica" que permite a los ciudadanos utilizar ahorros informales hasta un límite de $100 millones sin enfrentar sanciones tributarias. El objetivo principal es simplificar la relación entre el Estado y el contribuyente, fomentando la transparencia voluntaria.
Para facilitar este proceso, se creó un régimen opcional de declaración simplificada de Ganancias para personas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones. Bajo este esquema, el organismo recaudador (ARCA) utilizará la información disponible para confeccionar la declaración, liberando a quienes paguen a término de otras obligaciones formales. Esto permite a los pequeños y medianos ahorristas disponer de sus fondos para comprar propiedades o realizar depósitos bancarios sin el riesgo de fiscalizaciones automáticas por incrementos patrimoniales.
En cuanto a las penalidades, la ley introduce un severo aumento de más del 100.000% en las multas automáticas por falta de presentación de documentación. Por ejemplo, la sanción para personas humanas subió de 200a∗∗220.000**. Sin embargo, el Ministerio de Economía aclaró que no se aplicarán de forma inmediata; ARCA enviará un recordatorio previo de 10 a 15 días hábiles para que el contribuyente regularice su situación antes de que se haga efectiva la multa.
La normativa también actualiza los montos mínimos para que la evasión sea considerada un delito penal, adecuándolos a la inflación acumulada desde 2017. Ahora, la evasión simple se configura a partir de los $100 millones, mientras que para la evasión agravada el umbral se elevó de 15millonesa∗∗1.000 millones**. Además, se establece que la acción penal se extinguirá si las facultades del fisco para reclamar la deuda por vía administrativa han prescrito.
Finalmente, el corazón de la reforma es el Principio de Inocencia Fiscal, que invierte la carga de la sospecha: ahora el Estado debe presumir que el contribuyente cumple con sus obligaciones salvo prueba en contrario. Para que este sistema funcione, ARCA deberá avanzar en una modernización tecnológica profunda que permita una fiscalización inteligente y menos asfixiante. De esta manera, se prioriza el cumplimiento voluntario y se intenta reducir la informalidad estructural que ha caracterizado a la economía argentina durante décadas.





