El endeble sostenimiento del sistema de transporte público en el área metropolitana tendrá en los próximos días un desafío de supervivencia porque se espera que comience la negociación entre los empresarios que explotan las líneas de colectivos y la delegación Chaco de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
Es que las dos uniones de firmas que tienen a su cargo la mayoría de las líneas del Gran Resistencia ya formalizaron el proceso preventivo de crisis y se aguarda que la próxima semana se realice la primera audiencia en la Dirección Provincial del Trabajo.
Se trata de ERSA que opera las líneas 106, 101, 204, 107, 205, 2 y 9, mientras que TCM UTE realiza el servicio con líneas 3, 8, 12, 111 y 206, firmas que en su conjunto cuentan con poco más de 500 trabajadores.
Las concesionarias denuncian una "grave situación económica" que arrastra el sistema desde hace tiempo. Esta crisis se agudizó fuertemente a principios de 2024 con la eliminación de los subsidios nacionales, que no pudieron ser restablecidos, provocando un desequilibrio entre ingresos y egresos.
A pesar de haber realizado inversiones en unidades nuevas para cumplir con los contratos de concesión, la falta de cobertura económica los obligó a reestructurar servicios y reducir el número de unidades operativas en más del 20% de lo requerido inicialmente.
El gobierno provincial es un actor importante en esta disputa, ya que realiza aportes en concepto de subsidios. Si bien las autoridades provinciales señalan que estos superan los 1000 millones de pesos mensuales, los concesionarios afirman que esta cifra es insuficiente para sostener el funcionamiento del sistema. Argumentan que, por contrato, el Estado se comprometió a mantener la ecuación económica de los servicios, según lo establecido en los pliegos de concesión.
Sin embargo, el déficit operativo se ha incrementado porque sostienen que también varió la fórmula para realizar las compensaciones, que ahora son por pasajero transportado y cada vez viajan menos pasajeros por lo que reciben menos dinero al que creen que es necesario para el mantenimiento de la ecuación económica.
Este escenario llevó a la presentación del procedimiento preventivo de crisis con medidas que van desde la suspensión de forma rotativa del 20% del plantel del personal con el pago de una parte del salario por un término de 180 días o hasta que las empresas recuperen sostenibilidad económica.
A ello agregarían el congelamiento de los salarios de los trabajadores no suspendidos, conforme a la escala de enero de este año, que establece un básico de $1.200.000 y el pago de una asignación no remunerativa del 90% de los salarios al personal suspendido. Entre las medidas también está la diagramación del personal en horarios partidos, por turnos de cuatro horas , de acuerdo a la demanda de pasajeros transportados y la diagramación de servicios y la reducción de la jornada de trabajo, remunerada proporcionalmente al tiempo efectivo de servicio.
Por su parte, el sindicato que agrupa a los choferes indicó que se sentará a esa mesa de negociación con una postura marcada que se iniciará en que los trabajadores no fueron quienes originaron esta situación de crisis, que arrastra varios meses y que en este tiempo dieron muestras de flexibilidad a la natural demanda del pago de salarios en los tiempos que establece el convenio.
Habrá que esperar lo que cada parte plantee en la audiencia pero también la respuesta que pueda llegar del gobierno, clave para una solución de fondo.