¿Imputabilidad desde los 12 años? La drástica propuesta del Gobierno para combatir el crimen juvenil

Esta declaración busca posicionar un piso menor al que se venía discutiendo originalmente en la agenda pública.
28 de enero 2026, 17:49hs

El Gobierno Nacional intensificó el debate sobre la edad de responsabilidad penal en Argentina. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo recientemente que la edad de imputabilidad "debería ser de 12 años", sumándose a las posturas expresadas por otros integrantes del gabinete de Javier Milei.

Actualmente, el proyecto ha sido incluido de forma oficial en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para su próximo tratamiento. Aunque la iniciativa oficial propone inicialmente los 13 años, Monteoliva manifestó su deseo de que la reducción sea aún más profunda. La funcionaria destacó que es fundamental que el tema sea debatido finalmente para alcanzar una definición legislativa clara.

Desde el Ministerio de Seguridad argumentan que Argentina se encuentra "rezagada" en esta materia respecto a otros países de la región. Según las fuentes, a excepción de Brasil, la mayoría de los países vecinos ya manejan rangos de imputabilidad que oscilan entre los 12, 13 y 14 años. La ministra criticó que se mantenga una normativa vigente desde 1980 que no se ajusta a la realidad actual.

La principal justificación para este cambio es la mutación de las organizaciones criminales, que ahora reclutan a niños para cometer delitos. Según la evidencia citada por la ministra, estas bandas delictivas han cambiado sus métodos operativos, utilizando a menores como una estrategia para eludir la ley. Ante este panorama, el Gobierno sostiene que el marco legal debe adaptarse a la evolución del crimen organizado.

Esta reforma se enmarca en un paquete de medidas que la administración de Milei busca impulsar en el corto plazo, junto con otros proyectos como la reforma laboral. Mientras el debate se traslada al ámbito legislativo, el foco permanece en si se logrará el consenso necesario para modificar una ley con más de cuatro décadas de antigüedad.

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