El Congreso Nacional analiza un proyecto de ley para elevar las penas mínimas contra quienes utilicen el aparato estatal para fabricar acusaciones inexistentes. En comunicación con Radio Facundo Quiroga, el abogado penalista, Dr. Pablo Vianello, valoró la iniciativa como una solución necesaria para la comunidad: "Esta es una herramienta para la sociedad para descomprimir al Poder Judicial, las comisarías y también poner el foco sobre las víctimas reales".
El profesional advirtió que la normativa actual resulta insuficiente para prevenir que se inicien procesos judiciales basados en mentiras sin que haya consecuencias reales para el autor. Sobre la levedad de las sanciones vigentes, Vianello detalló que hoy el delito es excarcelable y carece de una condena sólida: "Estamos hablando de una condena en el artículo 245 del Código Penal que tiene 2 meses como pena mínima y un año como pena máxima. Hoy hacer una denuncia falsa prácticamente es gratis".
La reforma busca agravar los castigos cuando las acusaciones se dan en ámbitos de alta sensibilidad social, donde los daños a la reputación y la libertad son mucho más profundos. Al respecto, el penalista precisó los cambios que se pretenden aplicar para elevar la escala penal en casos críticos: "El proyecto pretende que la condena vaya de 1 a 3 años y que sea considerado una figura agravante cuando el objetivo de la falsa denuncia esté dando en un contexto de violencia de género o delito contra la integridad sexual".
El impacto de una denuncia falaz trasciende los tribunales, destruyendo la estabilidad económica y los lazos afectivos de quienes son señalados injustamente durante meses o años. Al describir la gravedad de estas situaciones, el letrado fue contundente sobre el daño irreversible para el acusado: "Cambia tu vida para siempre. Se rompen vínculos y te funden económicamente".
Finalmente, el fortalecimiento de la ley permitiría que los recursos de las fiscalías especializadas de la ciudad se concentren exclusivamente en atender casos de vulnerabilidad real. Vianello concluyó destacando que la legislación debe responder a las demandas de justicia de la población chaqueña: "Esto va a descomprimir la fiscalía de género. Las leyes tienen que surgir del sentido común y de la necesidad real que existe en la sociedad".





