Fraude millonario en pensiones por discapacidad: gobierno anula más de 110 mil beneficios irregulares

Además de las suspensiones, se dieron de baja 8.107 prestaciones de personas fallecidas y 10.038 de beneficiarios que renunciaron.
8 de agosto 2025, 17:03hs

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) suspendió 110.522 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, alegando que fueron otorgadas de forma irregular en administraciones previas. Esta medida se da a conocer poco después de que la Cámara de Diputados rechazara el veto presidencial a la ley que busca aumentar el presupuesto para el sector de la discapacidad.

Una de las principales razones para la suspensión preventiva fue que el 60% de los citados para verificar requisitos no se presentó a las auditorías. Entre las irregularidades detectadas se incluyen la presentación de estudios médicos repetidos en distintas solicitudes, como radiografías o ecocardiogramas utilizados en múltiples expedientes, con casos en Tucumán y Chaco donde una misma radiografía se usó en hasta 150 trámites diferentes.

El gobierno estima que esta acción generará un ahorro mensual de alrededor de 35 mil millones de pesos. La investigación interna, liderada por Diego Spagnuolo de ANDIS, apunta a una "actividad fraudulenta a gran escala" que habría desviado aproximadamente mil millones de dólares al año. Cabe destacar que la cantidad de estas pensiones creció significativamente, pasando de 79.000 en 2003 a más de 1,2 millones en diciembre de 2023, con un descenso durante la gestión de Mauricio Macri.

Adorni comparó la proporción de beneficiarios en Argentina, que alcanza el 4,6% de la población activa, con la de Israel (3,5%), un país afectado por conflictos. El vocero sostuvo que el número argentino "no corresponde a un país que no sufrió guerras ni catástrofes naturales, pero sí 20 años de administraciones kirchneristas". Desde ANDIS, aseguran que las auditorías son realizadas por médicos del PAMI y personal especializado, excluyendo a menores y a quienes ya fueron auditados en 2024, con el fin de garantizar que los recursos lleguen a quienes verdaderamente los necesitan.

Este anuncio se produce días después de que la Cámara de Diputados desestimara el veto del presidente Javier Milei a una ley que declara la emergencia en discapacidad y aumenta el presupuesto del sector. El Gobierno cuestionó esta decisión, advirtiendo que la creación de una nueva pensión implicaría un gasto adicional de más de dos billones de pesos en 2025 y más de cuatro billones y medio en 2026, sin considerar el impacto en programas complementarios como "Incluir Salud".

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