La suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante las elecciones legislativas de 2025 generó un ahorro de apenas 9,5 millones de dólares para las arcas públicas, un número distante de los más de 200 millones de dólares que el Poder Ejecutivo estimó inicialmente que se economizarían con la cancelación de la instancia previa. Los datos se desprenden del informe técnico "Políticas electorales en Argentina: informe ciudadano", elaborado por la Fundación Éforo a partir de registros presupuestarios oficiales.
De acuerdo con la investigación, el Estado nacional destinó $468.083 millones a los partidos políticos y a la organización logística en 2025 (a valores constantes de ese año), cifra apenas un 3% inferior a los $482.561 millones ejecutados en las legislativas de 2021, cuando se realizaron dos jornadas electorales completas. La diferencia real entre ambos procesos fue de $14.478 millones, lo que demuestra una marcada rigidez a la baja en la estructura de costos de los comicios a pesar de la unificación del calendario en una única fecha.
El principal factor que neutralizó la baja del gasto fue el incremento extraordinario de la logística del Correo Argentino, que demandó $225.113 millones y concentró el 48% del presupuesto electoral total, superando incluso las erogaciones de años con tres instancias electorales como 2015 o 2023. Si bien se registraron reducciones en transferencias para impresión de boletas, aportes de campaña y operativos de seguridad, el encarecimiento de los servicios postales y de escrutinio absorbió gran parte de ese margen. Al respecto, la vicepresidenta de la entidad, Carla Pitiot, reclamó mayor transparencia en los desglose de gastos para evaluar la eficiencia del sistema democrático.
El relevamiento cobra especial relevancia política debido a que la Casa Rosada busca avanzar en el Congreso con la derogación definitiva de las primarias con miras a los comicios presidenciales de 2027, utilizando la restricción del gasto fiscal como argumento central. Los resultados del informe abren el debate en las comisiones parlamentarias respecto de si la supresión de instancias electorales se traduce efectivamente en un alivio presupuestario o si requiere de un rediseño de los contratos logísticos del Estado.
