El gobierno argentino autorizó contratos por más de $9.800 millones en lo que va de 2025, destinados a la droguería Suizo Argentina S.A.. Esta firma está en el centro de una causa federal por presuntos sobornos y retornos, con una investigación que incluye allanamientos y el secuestro de dispositivos, documentación y dinero en efectivo. La situación desató una crisis política y coloca a la "Caja Negra de los Medicamentos" en el ojo de la tormenta judicial.
Dentro de este esquema, el Ministerio de Salud, bajo la conducción de Mario Lugones, realizó adquisiciones millonarias a Suizo Argentina S.A. por un total de $1.471.368.074,74 en 2025. Estas compras fueron concretadas por hospitales dependientes como el Posadas y el Baldomero Sommer, destinadas a insumos descartables, antidiarreicos, analgésicos, antibióticos y antiasmáticos, entre otros. Este accionar contrasta fuertemente con la decisión del PAMI, que en 2024 desestimó ofertas de Suizo por “condiciones de pago irregulares”.
La cartera de Seguridad, liderada por Patricia Bullrich, se destaca con la mayor cantidad de adjudicaciones a la droguería cuestionada, superando los $8.339 millones en 2025. La Policía Federal Argentina (PFA) adjudicó a Suizo Argentina S.A. compras de medicamentos neurológicos, para HIV, oncológicos, anticoagulantes y antirretrovirales, entre otros. La ministra Bullrich aparece así al frente de un ministerio con un significativo flujo de recursos hacia la empresa investigada.
La trama de contrataciones se extiende al Ministerio de Defensa, donde el Hospital Militar Central también adjudicó más de $20 millones a Suizo Argentina entre febrero y marzo de 2025. La pesquisa federal busca determinar la autenticidad de las grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), así como la existencia de un circuito de "retornos" o pagos irregulares y si el dinero y la documentación secuestrados en los allanamientos son prueba de una operatoria ilícita.
Este panorama revela una dinámica de recursos estatales fluyendo hacia una sola droguería en un puñado de meses, pese a que esta se encuentra investigada judicialmente. La relevancia política de estos contratos es innegable, poniendo en foco la necesidad de un mejor control en las compras públicas. La ciudadanía espera respuestas sobre cómo se gestionan los fondos en áreas tan críticas como la salud y la seguridad, mientras la justicia avanza para esclarecer si existió una operatoria ilícita que afecte el erario público.