La Fiscalía de Instrucción de Vigésima Séptima Nominación de la provincia de Córdoba solicitó de manera formal la elevación a juicio de la causa penal que se sigue contra 32 imputados, acusados de integrar una compleja asociación ilícita dedicada a cometer estafas de carácter tecnológico y telefónico. De acuerdo con el dictamen elaborado por el Ministerio Público Fiscal cordobés, la organización criminal operó de forma coordinada aprovechando las restricciones de circulación y el aislamiento social derivados de la pandemia de Covid-19. La maniobra principal consistía en engañar de forma masiva a ciudadanos de distintas provincias argentinas mediante ardides discursivos vinculados a los programas de asistencia económica de emergencia que el Estado Nacional desplegaba en ese período de crisis sanitaria.
La investigación judicial determinó que la banda criminal poseía su centro operativo principal dentro del Establecimiento Penitenciario de Bouwer. Desde las celdas de dicha unidad penal, los internos que se encontraban alojados realizaban llamados telefónicos hacia el exterior, presentándose falsamente ante sus interlocutores como funcionarios públicos o empleados de carrera de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El blanco prioritario de los llamados estuvo concentrado de manera sistemática en usuarios residenciales de diferentes localidades de la provincia de Río Negro, a quienes se inducía a un error inicial haciéndoles creer de forma maliciosa que eran beneficiarios del cobro de partidas de la Reparación Histórica o del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
El modus operandi de la asociación ilícita combinaba la manipulación psicológica con el desconocimiento técnico de los damnificados en materia de canales bancarios digitales. Una vez que los estafadores lograban captar la atención de la víctima y generar una falsa sensación de confianza, la guiaban de manera remota para que se dirigiera de forma inmediata hacia un cajero automático de su zona de residencia. En ese punto, bajo el pretexto de completar el trámite de acreditación del subsidio estatal, los delincuentes le dictaban una secuencia de pasos operativos complejos cuyos verdaderos alcances y consecuencias financieras la persona afectada no lograba comprender en el momento.
La trampa bancaria culminaba cuando los usuarios, siguiendo las instrucciones de los reclusos, terminaban gestionando de manera involuntaria la toma de préstamos personales preaprobados en sus propias cuentas bancarias o transfiriendo sus ahorros acumulados. Consumado el desembolso crediticio por parte de la entidad financiera, el dinero digital remanente era transferido de forma automática hacia una red de cuentas bancarias de soporte, provistas por una estructura de colaboradores y coautores que operaban desde el exterior del establecimiento penitenciario. A través de esta triangulación de cuentas de destino, la banda lograba fragmentar el capital y obtener un beneficio económico ilegítimo, dificultando la trazabilidad de los fondos por parte de las alertas bancarias de seguridad.
Finalmente, el requerimiento del Ministerio Público de Córdoba arrojó precisiones sobre la situación procesal y los regímenes de detención actuales que pesan sobre el total de los 32 involucrados en el expediente. Al momento del cierre de la etapa de instrucción, un bloque de 13 imputados se encuentra privado de su libertad en dependencias del servicio penitenciario, destacándose que dos de ellos ya se encontraban cumpliendo penas efectivas por condenas previas antes de la detección de esta nueva modalidad delictiva. Asimismo, las autoridades judiciales concedieron la prisión domiciliaria a cuatro mujeres imputadas en la causa, en atención a las particulares dinámicas y responsabilidades familiares que sus defensas técnicas lograron acreditar ante el tribunal correspondiente.





