La sentencia, que lleva la firma de los jueces María Emilia Valle y Víctor del Río, invalida el fallo dictado en noviembre de 2024 y exige la realización de un debate jurídico completamente nuevo.
Esta decisión judicial se produjo al hacer lugar a los recursos de casación presentados por la familia del joven y por el Comité de Prevención de la Tortura. Debido a la nulidad declarada, la Cámara del Crimen de la Cuarta Circunscripción Judicial deberá integrarse con nuevos jueces para sustanciar el juicio con amplia jurisdicción y dictar una nueva sentencia.
Los hechos que se volverán a juzgar se remontan al 26 de febrero de 2022, cuando Leandro Bravo, de 37 años, falleció mientras se encontraba bajo custodia policial. Según la denuncia de la querella, el joven fue aprehendido en la vía pública sin ofrecer resistencia, momento en el cual habría recibido una golpiza en el suelo por parte de tres agentes.
De acuerdo con los registros del caso, Bravo llegó al hospital sin signos vitales y con múltiples evidencias de violencia física en su cuerpo. El informe médico detalló lesiones visibles en la cara y los hombros, marcas de esposas en las muñecas y diversas heridas en las piernas.
Tras la anulación del proceso anterior y del debate que lo precedió, la Cámara del Crimen de Charata tiene ahora la responsabilidad de fijar una fecha para el inicio de las nuevas audiencias. Este avance representa un cambio significativo en la causa, permitiendo que los policías implicados sean juzgados nuevamente por la muerte del joven.
