El Gobierno nacional anunció que no homologará convenios paritarios con aumentos salariales superiores al 1% mensual, una medida que busca consolidar su plan de estabilización económica. La decisión, comunicada desde Casa Rosada, afecta directamente a sectores gremiales que ya habían cerrado acuerdos por encima de este límite, como el caso del Sindicato de Comercio, liderado por Armando Cavalieri, que pactó incrementos del 5% en tres etapas.
La Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, iniciará la revisión de los convenios colectivos firmados en las últimas semanas para bloquear aquellos que excedan el techo establecido. "No se van a homologar aumentos por encima del 1% mensual. Es un criterio general para preservar el orden macroeconómico", aseguraron fuentes oficiales, en línea con la agenda de ajuste fiscal impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo.
La medida no solo impacta en el sector comercial, sino también en otros gremios que ya habían iniciado negociaciones con perspectivas de ajustes más altos. Desde el ámbito privado expresaron preocupación por la incertidumbre jurídica que genera la intromisión estatal en acuerdos previamente cerrados.
Los sindicatos cuestionaron la falta de diálogo previo y advirtieron que la medida podría desencadenar conflictos laborales. "Esta imposición unilateral vulnera el derecho a la negociación colectiva y profundiza la precarización", señaló un comunicado de la Confederación General del Trabajo (CGT). Fuentes cercanas al Sindicato de Comercio indicaron que evalúan presentar recursos legales y convocar a movilizaciones.
La tensión se agudiza en un contexto de alta inflación (30% interanual) y caída del salario real, donde los trabajadores reclaman ajustes salariales que compensen la pérdida de poder adquisitivo. Para los críticos del Gobierno, el techo del 1% mensual profundiza la brecha entre ingresos y costos básicos, exacerbando la desigualdad.
Aunque el Ejecutivo justifica la medida como necesaria para "estabilizar la economía", sectores de la oposición y analistas económicos consideran que es insuficiente para contener la inflación y perjudicará al consumo.
Incluso dentro del propio oficialismo existen dudas sobre la efectividad de un enfoque que prioriza la reducción de costos laborales sin abordar otros factores estructurales, como el déficit fiscal o la devaluación.
Con esta política, el Gobierno busca enviar señales de disciplina fiscal a los mercados, pero a riesgo de erosionar su apoyo en sectores populares y sindicales. Mientras tanto, la agenda paritaria se convierte en un campo de batalla entre el ajuste liberal y la resistencia de los trabajadores.