El Gobierno nacional presentó este lunes, en la Casa Rosada, los principales lineamientos del nuevo proyecto de reforma del Código Penal, que será enviado al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias. La iniciativa plantea un endurecimiento general de las penas, incorpora nuevos agravantes y redefine criterios vinculados a delitos graves y hechos de corrupción.
Durante la exposición, el jefe de Gabinete afirmó que el país “necesita que las políticas de seguridad estén talladas en piedra”, y sostuvo: “La reforma viene a poner orden, donde antes reinaba la barbarie, la doctrina es clara: el que las hace, las paga”. En ese marco, aseguró que quienes delinquen en la función pública “perderán la jubilación de privilegio”.
El funcionario también remarcó que el objetivo es intensificar la persecución penal y el cumplimiento efectivo de las condenas, al señalar: “No importa cuánto se escondan, serán perseguidos” y anticipó que, con los cambios, “las calles dejarán de ser tierra libre para el crimen”.
Por su parte, la ministra Patricia Bullrich definió la reforma como “una misión histórica” para el Congreso y subrayó que el Código vigente “fue pensado para 1921” y acumuló “parches” durante décadas. La funcionaria indicó que el nuevo marco legal busca “dar vuelta la realidad” porque, a su criterio, hasta ahora “los más favorecidos eran los delincuentes, violadores y asesinos”, y sostuvo que el proyecto “cambia la doctrina” a favor de víctimas y sociedad.
Entre los puntos destacados, el Gobierno detalló aumentos de penas para homicidios simples y agravados, sanciones más severas por conducción imprudente, condenas concretas por portación ilegal de armas, imprescriptibilidad para delitos gravísimos y participación activa de las víctimas durante el cumplimiento de sanciones. Además, se establece que los funcionarios condenados por corrupción no podrán acceder a jubilaciones de privilegio.





