La medida surge tras conocerse que la entidad dirigida por Claudio “Chiqui” Tapia intervino en las negociaciones con el régimen de Venezuela para lograr el regreso al país del gendarme Nahuel Gallo.
Gallo, un efectivo de Gendarmería que permaneció detenido en territorio venezolano durante más de 440 días, arribó finalmente a la Argentina este domingo en un avión privado de la entidad deportiva. Si bien la AFA calificó su participación como una gestión "humanitaria", el Ejecutivo cuestionó la legitimidad de dicho accionar en materia diplomática.
Desde la Casa Rosada señalaron que una organización no gubernamental no puede arrogarse funciones públicas ni interferir en negociaciones con una "dictadura narcoterrorista". En este sentido, fuentes oficiales confirmaron que exigirán a la AFA explicaciones formales sobre la naturaleza y el alcance de sus vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro.
Además de la posible acusación por traición, el Gobierno analiza otras figuras legales como "sedición" y "espionaje ilegal". "Sabíamos que estaban allá y estaban interfiriendo en las negociaciones", expresaron fuentes gubernamentales, quienes buscan determinar exactamente quiénes participaron y de qué forma en este proceso paralelo.
Mientras Nahuel Gallo ya se encuentra en el país y fue recibido por su familia, el conflicto institucional entre el Estado y la AFA escala a un nivel judicial sin precedentes. El foco de la controversia radica en si una entidad civil puede intervenir de forma autónoma en un conflicto de seguridad y soberanía que el Gobierno considera de su exclusiva competencia.





