El Ejecutivo ingresó al Parlamento chaqueño un proyecto de Ley por el cual se implementarán medidas más rigurosas para combatir el desmonte ilegal, tanto en sanciones como en mecanismos de control.

De acuerdo a la Ley 2079-R (vigente), el valor base o de referencia para las multas es de un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) por hectárea. Lo que se propone es aumentar las escalas para estos delitos ambientales, llevando las escalas superiores de 10 a 12 SMVM, que a valores actuales oscilaría entre $2.624.329 y $3.149.195, acercándose al valor de la hectárea en el mercado inmobiliario. Es decir que quien desmonta podría llegar a tener que “recomprar” su propio terreno como sanción, de acuerdo a la gravedad de las infracciones, o a la reincidencia.

La iniciativa de ley fue ingresada este martes por el secretario de Coordinación de Gabinete Livio Gutiérrez y el ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sustentable Víctor Zimmermann.

Advirtieron que en materia forestal es necesario seguir trabajando en trazabilidad, sustentabilidad y agravamiento de multas, además de dar con los responsables de destruir el patrimonio boscoso con el desmonte de 500 mil hectáreas en los últimos 10 años.

Ambos funcionarios señalaron que existen otros proyectos similares en la Legislatura y auguraron un rápido tratamiento de la iniciativa para preservar la superficie boscosa del Chaco.

El proyecto de ley del Ejecutivo implementa además un registro de máquinas topadoras para llevar a cabo un control más eficiente mediante la colocación de chips a las maquinarias. Esto permitirá rastrear su uso y facilitar la identificación de los responsables. Hasta ahora, la Ley 2079-R sólo permitía su secuestro, como parte de los operativos de control, pero se pretende ir más lejos, ya que sin topadoras no habrá desmonte.