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El presupuesto nacional transversal de niñez vigente para 2024 presentó, al 31 de mayo pasado, una contracción de 57% en términos reale s comparado con el presupuesto devengado para el mismo período en 2023. Hasta ese quinto mes del año, se habían asignado $5,33 billones , lo que equivale al 0,84% del PIB.

Esos datos surgen del "Análisis del presupuesto nacional 2024 con foco en niñas, niños y adolescentes",  actualizado al 31 de mayo de 2024, que elaboró Unicef Argentina  en base a un conjunto de indicadores del Ministerio de Economía de la Nación, y que analiza tanto el avance de los primeros cinco meses del año como la programación de los recursos previstos para todo el ejercicio fiscal.

Según el reporte, en términos del PIB, esa contracción hasta mayo es equivalente a una caída de 1,02pp , respecto del nivel alcanzado en 2023, que fue de 1,86%. "De no mediar refuerzos presupuestarios en lo que resta del año, esta contracción sumaría un año más de caída a las registradas en 2023 (-17%) y 2022 (-1,8%)",  advirtió el organismo.

En relación con el presupuesto transversal de niños, niñas y adolescentes (NNyA), la información identifica la ejecución implementada en las partidas durante el último ejercicio cerrado de 2023 y la asignación proyectada para 2024, considerando además la ejecución de los cinco primeros meses de cada año para analizar su ritmo de avance en forma interanual comparada.

Unicef destaca que "si bien bajo el esquema federal de gobierno la mayor parte del financiamiento y ejecución de la inversión dirigida a la niñez está a cargo de los gobiernos provinciales, sobre todo en lo que respecta a los servicios educativos y de la salud, las políticas enmarcadas en el presupuesto nacional cumplen un rol fundamental en el financiamiento de prestaciones clave para la niñez y en la reducción de inequidades territoriales".

En este sentido, el organismo considera "indispensable que se fortalezcan canales de diálogo y articulación de responsabilidad compartida entre la Nación y los gobiernos subnacionales, que permitan garantizar flujos de financiamiento que eviten interrupciones o rezagos en la prestación de servicios  esenciales para los niños, niñas y adolescentes".

Así, subraya que "en el marco del proceso de reordenamiento fiscal vigente, es indispensable maximizar los esfuerzos de priorización del presupuesto nacional dirigido a la niñez".  "Evitar reducciones en su financiamiento mediante la disposición de recursos que garanticen la sostenibilidad de las políticas permitirá cumplir con los mandatos establecidos en los marcos normativos nacionales e internacionales. Proteger la inversión en la niñez y la adolescencia es también una condición necesaria para sentar las bases de un desarrollo social y económico sostenible para la Argentina", agrega Unicef.

¿Cómo afecta esto a los niños?
En un documento al que puede accederse a través de su página oficial, Unicef Argentina advierte que "la contracción en la asignación anual de recursos afecta prácticamente a todos los sectores" del denominado presupuesto transversal de la niñez, y resalta que "es todavía más pronunciada para las acciones implementadas por la Secretaría de Educación (-71%), la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (-68%) y la Defensoría de NNyA (-71%)".

Por el contrario, se destacan las ampliaciones presupuestarias que el poder ejecutivo ha implementado en lo que va del año, y que han mitigado la caída interanual proyectada para los principales programas de protección de ingresos para la niñez.

En efecto, más del 94% de los refuerzos presupuestarios dispuestos -que en total significaron un incremento de $1,67 billones de pesos para el transversal de niñez (un 46% del presupuesto inicial)-, fueron para las políticas de protección de ingresos: AUH-AUE (+$1,02 billones), AAFF contributivas (+$374 mil millones), y Prestación Alimentar (+$99 millones).

Además, se dispuso una ampliación de $181.000 millones para las Acciones de Nutrición del plan 1000 días  que implementa Anses, llevando su presupuesto anual a un nivel de casi $200.000 millones. Esto representa un aumento de 251% en términos reales respecto al presupuesto ejecutado en esta política en 2023.

"Si bien las ampliaciones mencionadas mitigan la caída en el presupuesto transversal de niñez que se proyectaba a comienzos del año para el ejercicio en curso, todavía existen riesgos significativos de desfinanciamiento que pueden comprometer la continuidad, cobertura y calidad de prestaciones clave para la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país" , sostiene el organismo.

En el análisis del gasto devengado (o asignado) al 31 de mayo de 2024, se observa que los recursos del presupuesto transversal de niñez efectivamente ejecutados entre enero y mayo de 2024 cayeron 25% en términos reales en relación con lo implementado en el mismo período de 2023. Sin embargo, se destaca que esta caída en el presupuesto ejecutado para la niñez presenta algunos matices entre sectores.

En relación con la implementación de las políticas de protección de ingresos, se destaca el sostenimiento de la AUH-AUE  en los primeros 5 meses del año, con un incremento de 15% en términos reales  en su presupuesto ejecutado. Esto está en línea con los sucesivos aumentos otorgados a esta prestación en la primera parte del año, que han mitigado el impacto de la inflación en el deterioro de los ingresos de los hogares con NNyA en mayor situación de vulnerabilidad social.

Por su parte, las AAFF contributivas y la Prestación Alimentar mostraron caídas de 26% y 14% en términos reales, respectivamente, mientras que el presupuesto de las Acciones de nutrición implementadas por la ANSES en el marco del Plan 1000 días se redujo un 47% en los primeros 5 meses del año.

Por su parte, en relación con las respuestas del gobierno nacional a la inseguridad alimentaria, el resto de las acciones implementadas en el marco del programa Políticas Alimentarias a cargo del Ministerio de Capital Humano también exhibe caídas significativas en términos reales en los primeros 5 meses del año.

"En un contexto de extrema vulnerabilidad social y elevados niveles de pobreza entre los niños, niñas y adolescentes es necesario continuar con la ampliación de las partidas destinadas a la protección de ingresos para evitar que más niños y niñas caigan en la pobreza", subraya Unicef.

Según revela el informe, la contracción de recursos afecta de manera significativa al sector educativo (-75%), fundamentalmente por la discontinuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente  -que representaba el 41% del presupuesto de la cartera educativa con impacto en la niñez-, pero también por la contracción que exhibe el resto de los programas del sector: Conectar Igualdad (-81%), Gestión y asignación de becas a estudiantes -que incluye las Becas Progresar para los adolescentes de 16 y 17 años (-51%), los gastos destinados al sostenimiento de la Infraestructura y equipamiento educativo (-98%) y al Fortalecimiento de Jardines Infantiles (-83%). En estos últimos dos casos –se resalta- el presupuesto muestra niveles de ejecución muy bajos para lo que va del año.

A su vez, el programa de Mejoramiento de la calidad educativa , que concentra la compra y distribución de materiales educativos para los establecimientos escolares, presenta un nivel de implementación nulo en estas acciones. Sobre este sector, cabe también mencionar la apertura de dos nuevas actividades presupuestarias en el marco del programa 29. Gestión educativa y políticas socioeducativas. Por un lado, la línea "Asistencia por vouchers educativos", con un gasto devengado de $17.760 millones a mayo, a través de la cual se implementa la política con el mismo nombre.

Por el otro, los créditos de la línea presupuestaria de comedores escolares  se reasignaron desde el programa "26. Políticas Alimentarias" a cargo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Al mes de mayo, resalta el informe, la ejecución todavía sigue mostrando "importantes rezagos" bajo la cartera educativa (apenas 12% de los recursos asignados para todo el año), y un 87% de contracción del gasto ejecutado en los primeros 5 meses en relación con el devengado durante el mismo período de 2023.

Por otra parte, se indica que el gasto de salud con impacto en la niñez  muestra un aumento del 3% en los primeros 5 meses respecto del ejecutado en el mismo período de 2023, explicado exclusivamente por un mayor gasto para la compra y distribución de vacunas (+20%) y el relativo sostenimiento del valor de las transferencias al Hospital Garrahan (-3%).

El resto de los programas de salud con impacto en la niñez exhiben caídas por encima del 20% en los recursos devengados en los primeros 5 meses respecto de aquellos ejecutados en el mismo período de 2023. En particular se alerta sobre el desfinanciamiento del programa Abordaje de curso de vida (-77%) y también del programa Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación responsable (-45%),  producto de la decisión de discontinuar el financiamiento del Plan ENIA que hasta 2024 se implementaba en el marco de ese programa nacional.

Por su parte, los recursos destinados a las políticas de protección de derechos de NNyA implementados por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia también exhiben caídas muy significativas en los primeros 5 meses del año (-39%), al igual que el presupuesto destinado a la actividad de la Defensoría de derechos de NNyA (-12%).

Acerca de la historia y relevancia del informe, se recuerda que desde el año 2003, el Ministerio de Economía de la Nación, con el apoyo de Unicef, produce un conjunto de indicadores fiscales que se actualizan periódicamente y que dan cuenta de los esfuerzos financieros que el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sector Público Consolidado) hacen para mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes en el país y garantizar el ejercicio de sus derechos.

Los indicadores producidos -agrega el documento- permiten conocer la magnitud y evolución de largo plazo de la inversión social dirigida a la niñez y la adolescencia . También permiten identificar la distribución y evolución de las responsabilidades de financiamiento y ejecución de las políticas asumidas entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales en un contexto de federalismo fiscal y descentralización de servicios sociales clave para la niñez.