El proceso de juicio político contra la jueza Teresita María Beatriz Fanta, acusada de maltrato laboral y deficiencias en la gestión jurisdiccional, se encuentra estancado desde hace 424 días, aumentando la incertidumbre sobre su posible destitución.
En mayo de 2022, la Procuración General presentó una acusación formal contra Fanta ante el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, solicitando su destitución. Desde entonces, el proceso ha sido demorado por diversos planteos y recusaciones, además de cambios en la composición de la Magistratura. Aunque el juicio estaba programado para febrero de este año, aún no hay fecha concreta para su inicio.
En paralelo, Fanta ha solicitado la jubilación anticipada alegando una incapacidad laboral del 66% debido a problemas psiquiátricos. La Junta Médica inicialmente determinó una incapacidad del 40%, insuficiente para la jubilación anticipada, pero un segundo intento parece haberle otorgado el beneficio. La Procuración General y el Sindicato de Empleados Judiciales están evaluando este trámite, lo que podría archivar el proceso de enjuiciamiento.
El Superior Tribunal de Justicia ya fue notificado de la posible jubilación, dejando la decisión final en manos del Consejo de la Magistratura. La ley establece que, una vez admitida la acusación, no se puede aceptar la renuncia del acusado, pero el caso de Fanta está rodeado de incertidumbre y hermetismo.
Mientras tanto, una docena de trabajadores afectados por el supuesto maltrato laboral de Fanta esperan una resolución definitiva. La situación en el Juzgado Civil y Comercial N° 22 ha sido descrita como un ambiente de violencia laboral, desorganización y sobrecarga de tareas.
La pregunta que persiste es si el juicio político contra Fanta avanzará o si su jubilación anticipada pondrá fin a este prolongado proceso.