Demanda colectiva para retrotraer tarifas: ¿Hay connivencia de la Justicia con el Ejecutivo?

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15 de octubre 2025, 10:21hs

La Fundación La Roca impulsa una demanda colectiva para retrotraer las tarifas de energía eléctrica en el Chaco al nivel de febrero de 2024, cuestionando los incrementos aplicados en los últimos meses y su impacto en los hogares. En ese contexto, el abogado José René Galassi, representante de la entidad, explicó en diálogo con Radio Facundo Quiroga que la causa fue rechazada en primera instancia y anunció que apelaron la decisión: “Nos encontramos con la novedad del rechazo in limine de la demanda, con un montón de vicios en el camino porque no se le corrió vista al Ministerio Público Fiscal, lo que vulnera garantías constitucionales como el debido proceso y la defensa en juicio”.

El letrado repasó el recorrido judicial del expediente y detalló: “El amparo fue presentado el 10 de julio y venimos sorteando distintos obstáculos, primero con la declaración de incompetencia del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, que apelamos, y finalmente la Cámara dictaminó que debía asentarse en Sáenz Peña”. En ese marco, remarcó que, pese a las demoras, “vamos a litigar en Sáenz Peña, pero nos encontramos con este rechazo sin sustanciación alguna”.

Galassi subrayó que la presentación tiene un sólido sustento técnico y jurídico: “Esta demanda no está hecha en 48 horas, llevó seis meses y medio de preparación y no le da salida al juez, porque tiene que resolver sí o sí la medida cautelar de retrotraer la tarifa a febrero de 2024”. A la vez, advirtió sobre el impacto que tiene la situación tarifaria en los hogares chaqueños: “Las familias tienen que elegir entre comer y pagar la luz, y eso demuestra la gravedad del tema”.

Sobre los fundamentos del fallo, explicó que la jueza cuestionó la legitimación de la fundación para presentar la acción: “Pretende que en el estatuto diga expresamente que está habilitada para hacer reclamos sobre tarifas energéticas, y eso no hace falta”. Y añadió: “Cuando se considera hiper vulnerable al usuario del servicio y la fundación lo incluye en su objeto, está legitimada para accionar”.

Finalmente, el abogado criticó la falta de decisión judicial y advirtió sobre la posible injerencia política en el caso: “Evidentemente no quieren resolver la cuestión, es una papa caliente que les quema la mano”. En ese sentido, afirmó: “Si no tienen la voluntad de ejercer el cargo judicial como corresponde, deberían presentar la renuncia. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, incluso a la Corte Suprema o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque acá prima un poder político por sobre la justicia”.

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