El conflicto por la cláusula gatillo docente sumó un nuevo capítulo este viernes 31 de octubre, cuando el Gobierno provincial presentó ante el Superior Tribunal de Justicia un recurso para que se declare inconstitucional el fallo que ordena restablecer de inmediato el pago del ajuste por inflación a los trabajadores de la educación. La medida, presentada por la Fiscalía de Estado, busca frenar el cumplimiento de la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
La resolución judicial había sido celebrada por los gremios docentes, que mantienen la expectativa de recuperar el mecanismo de actualización salarial suspendido por el Ejecutivo. Sin embargo, el Gobierno provincial advirtió desde un primer momento que el impacto financiero sería significativo y en esta presentación firmada por el fiscal Roberto Alejandro Herlein manifestó que "el fallo excedía las competencias judiciales".
En su apelación, la Fiscalía de Estado calificó la sentencia como "arbitraria, ilegítima e inconstitucional". Sostuvo que los jueces laborales "invadieron potestades propias del Poder Ejecutivo y del Legislativo" al imponer la aplicación de un sistema salarial "sin base legal ni previsión presupuestaria". Según el escrito, el fallo crea "un concepto inexistente en el marco jurídico vigente" y afecta la estabilidad financiera de la provincia.
El planteo del Estado chaqueño se apoya, además, en el principio de división de poderes. Argumenta que la Cámara "violó el debido proceso" al arrogarse facultades administrativas y legislativas. "La política salarial es una atribución discrecional del Ejecutivo y del Legislativo, no sujeta al control judicial salvo en casos de arbitrariedad manifiesta", sostiene el texto presentado ante el STJ.
Otro punto central del recurso es la falta de factibilidad presupuestaria. Según el Gobierno, cumplir con el fallo representaría un "gravamen irreparable" para las cuentas públicas, dado que "no existe previsión legislativa ni fondos disponibles para reactivar la cláusula gatillo". La provincia insiste en que cualquier modificación salarial debe aprobarse por ley y no puede imponerse mediante una decisión judicial.
Ahora, el Superior Tribunal de Justicia deberá resolver el recurso. El fallo apelado, firmado por los jueces Silvia Suárez y Sebastián Cóceres, ordenó que el Ejecutivo cumpla con la medida en un plazo de 60 días. Aunque la apelación tiene efecto devolutivo, es decir que no suspende la ejecución de la sentencia, el desenlace dependerá de lo que determine el máximo órgano judicial, con la posibilidad de que el caso llegue, incluso, a la Corte Suprema de la Nación.





