Chaco declaró la Emergencia Hidrometeorológica en toda la provincia desde del 8 de enero y hasta el 31 de agosto de 2026. La medida se da como respuesta a las intensas lluvias registradas en diciembre y a la probabilidad de precipitaciones copiosas en los próximos meses. El decreto fue formalizado mediante su publicación en el Boletín Oficial y contempla la habilitación de un fondo especial de hasta $ 1.500 millones.
En los considerandos de la norma, con firma del gobernador Leandro Zdero, indican que la Administración Provincial del Agua (APA) informó que el último mes del 2025 la provincia fue afectada por precipitaciones intensas "concentradas en cortos períodos de tiempo, que superaron ampliamente los valores medios históricos mensuales en numerosos puntos del territorio provincial" lo que provocó anegamientos urbanos y rurales, desbordes de cursos y canales, y daños en viviendas e infraestructura.
En ese contexto, el documento oficial advierte que la magnitud de las lluvias registradas "excede ampliamente la capacidad de diseño del sistema de desagües pluviales urbanos", y menciona como punto crítico al canal de la Soberanía, donde se produjeron desbordes que "impidieron el normal escurrimiento" y agravaron la situación en barrios del sur de Resistencia.
Asimismo, se señala que los suelos se encuentran saturados y que los pronósticos prevén nuevas lluvias intensas, con riesgo de que los anegamientos se prolonguen inclusive hasta marzo, según el informe realizado por el área técnica de la APA. Entre las zonas comprometidas se enumeran los departamentos General San Martín, Sargento Cabral, Bermejo, Primero de Mayo, San Fernando, Libertad, Donovan, Tapenagá, San Lorenzo, 25 de Mayo, Quitilipi, O’Higgins y Comandante Fernández.
Ante esa situación, el Gobierno provincial encomendó a la APA la conducción y ejecución de las operaciones vinculadas a la emergencia y habilitó un fondo especial de hasta $1.500 millones para solventar los gastos que demanden las acciones previstas y se facultó al Ministerio de Hacienda y Finanzas a realizar las adecuaciones y compensaciones presupuestarias necesarias y al Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos a dictar medidas complementarias para la implementación de lo dispuesto.





