En un desarrollo clave en el caso del crimen de Leonela Giménez en Presidencia Roque Sáenz Peña, la defensa de uno de los dos imputados, Cristian Ameida, presentó un recurso de apelación contra su prisión preventiva. El abogado César López, defensor de Ameida, confirmó la presentación del recurso, el cual ya fue admitido y está ahora en manos de la Cámara Segunda en lo Criminal, que deberá sortear a un juez para su resolución.
La apelación de López se centra en cuestionar la acusación de la fiscalía que imputa a Ameida como coautor del femicidio. El abogado argumenta que la imputación se basa en que su defendido habría conducido el automóvil Audi y trasladado a la víctima, comportamientos que, según él, "no son ilícitos ni están tipificados como delito por el Código Penal". Además, sostiene que el hecho no fue circunstanciado de manera precisa, impidiendo su encuadre en el artículo 80 inciso 11 (femicidio).
Según el letrado, la propia acusación fiscal, que indica que una persona habría efectuado el disparo y Ameida solo manejó el auto, demuestra la imposibilidad de una coautoría en el delito de femicidio. Si la apelación prospera, López espera que la Cámara ordene la readecuación de la calificación legal y, eventualmente, la libertad de su defendido. Afirma que, con las pruebas actuales, lo único que podría reprochársele a Ameida es un comportamiento posterior al hecho.
En cuanto a los tiempos procesales, el abogado indicó que la audiencia para resolver la apelación podría llevarse a cabo dentro de unas tres semanas. Asimismo, confirmó que, hasta el momento, no hay resultados disponibles de las pericias solicitadas al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF), un elemento que podría ser crucial para la causa.
La defensa busca así readecuar la calificación legal y modificar la situación procesal de Ameida, alegando que la actual imputación de coautoría de femicidio carece de sustento en las acciones atribuidas a su cliente. Este recurso marca un punto de inflexión en la investigación, poniendo a prueba la solidez de la acusación fiscal ante la justicia.